Financista rosarino generó estafas por más de u$s1.3 M

La justicia penal de Rosario amplió en las últimas horas el expediente por el que se investiga a Mauro Andrés Esqueff, imputado inicialmente en diciembre de 2024 por más de 40 estafas vinculadas a inversiones fraudulentas. El Ministerio Público de la Acusación (MPA), representado por la fiscal María Teresa Granato, sumó ahora nuevas maniobras que elevan el número total de víctimas a 63 y el perjuicio económico a más de u$s1,3 M. Además, se dictó la prórroga de la prisión preventiva por el término de 2 años contando desde que se dictó la reclusión en diciembre pasado.

Paralelamente, la fiscal Granato formalizó imputaciones por encubrimiento doblemente agravado contra el círculo familiar directo Esqueff: su esposa Jazmín Pellegrini Dorta, su suegra Noelia Dorta, su cuñada Talia Pellegrini y su concuñado Alexis Bravo. Según la investigación, todos ellos colaboraron activamente en maniobras orientadas a ocultar el verdadero origen y la titularidad de bienes adquiridos por Esqueff durante el despliegue de la estafa.

La acusación sostiene que Esqueff, quien se presentaba como asesor financiero y parte del "Grupo Inversor Gemas", ofrecía a sus clientes contratos de inversión con rendimientos anuales descomunales —que iban del 86% al 122%—, asegurando operaciones en importaciones, bonos, inmuebles y hasta licitaciones públicas. Pero ninguna de esas inversiones existía. A cambio del dinero, que debía ser entregado en efectivo y en dólares, Esqueff prometía rentabilidad en pesos y libertad para el retiro del capital. En los primeros meses cumplía con los pagos, lo que generaba una espiral de reinversiones. Así, operaba bajo el esquema clásico de una estafa piramidal o sistema Ponzi.

Cuando el sistema comenzó a desmoronarse a fines de 2023, Esqueff recurrió a nuevas tretas: introdujo productos de corto plazo como los "fondos de custodia", ofreció compra de dólar MEP que nunca concretó y utilizó documentación apócrifa, como un falso certificado de seguros por $50 millones, para sostener la apariencia de solvencia. En paralelo, instrumentó operaciones ficticias de venta de lotes en Funes bajo el nombre “Loteo Tadeo I”, asociados al Fideicomiso Arquicentro —con el que en realidad no tenía ningún vínculo—, lo que derivó en al menos tres nuevos hechos calificados como estelionato.

El nuevo capítulo de la causa también involucra a los familiares de Esqueff. La fiscalía les atribuye haber facilitado el ocultamiento de bienes adquiridos con dinero del fraude mediante testaferros, cuentas a nombre de terceros y ventas simuladas. Uno de los casos emblemáticos es el del bar “Pink”, ubicado en Presidente Roca 145, que era explotado por toda la familia y que fue formalmente traspasado en mayo de 2024 a nombre de Noelia Dorta, madre de Jazmín Pellegrini, en una operación simulada que buscaba evitar embargos judiciales.

A través de la declaración de testigos, escrituras y escuchas telefónicas, se estableció además que Jazmín Pellegrini adquirió al menos tres inmuebles entre 2022 y 2023 —en calle Tambo Nuevo, Cerrito 675 y una cochera en Maipú—, sin contar con ingresos lícitos que justificaran esas operaciones. Algunas de esas propiedades fueron vendidas o intentadas vender justo antes del inicio de la causa penal, bajo el pretexto de cubrir deudas de su esposo. A ello se suman operaciones en las que se utilizaron los nombres y cuentas de Talia Pellegrini y Alexis Bravo, quienes también pusieron sus CUIT y monotributos a disposición de Esqueff para canalizar fondos del fraude, recibiendo retribuciones económicas por estas maniobras.

A todos los familiares se les imputa el delito de encubrimiento doblemente agravado por haber actuado con ánimo de lucro y con el objetivo de asegurarle a Esqueff el provecho del delito, según la calificación prevista en el artículo 277 del Código Penal.

La fiscalía sostiene que la participación de los familiares fue clave para sostener durante más tiempo el andamiaje delictivo, y para intentar preservar parte del patrimonio mal habido ante el avance de las denuncias judiciales. Las nuevas imputaciones se basan en un voluminoso cuerpo probatorio que incluye escuchas telefónicas, documentación contable, allanamientos y registros notariales, donde se acredita la maniobra conjunta desplegada por Esqueff y su entorno.

La causa continúa su curso con el pedido de prórroga de la prisión preventiva de Esqueff, y las investigaciones sobre los activos involucrados podrían derivar en medidas de decomiso o inhibiciones de bienes en los próximos días.