Duro revés para el Gobierno: el Senado rechazó el proyecto de Ficha Limpia

En una sesión que fue menos tensa de lo que se esperaba en la previa y sorprendió en el último minuto, el Senado rechazó esta noche la ley de Ficha Limpia: la iniciativa obtuvo 36 votos y no llegó a la mayoría absoluta (37). Es que, al rechazo anticipado del kirchnerismo, se sumaron los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

La norma implicaba la modificación de las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner, quien de esta manera continúa con la posibilidad de una postulación nacional, salvo que decida presentarse como candidata provincial en la compulsa bonaerense.

La ley englobaba los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.

Además, quedaban comprendidos en el frustrado mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.

Este punto fue uno de los criticados en la previa e incluso en el recinto, en cuanto a la falta de delitos que tendría que incorporar una norma de este tipo. Tras un inicio de debate con poco vuelo, con las intervenciones a favor de la peronista disidente Alejandra Vigo -miembro informante como titular de la comisión de Asuntos Constitucionales-; y en contra, de la cristinista Silvia Sapag -más ocupada en criticar al Poder Judicial-, la radical Mariana Juri bajó el tema tierra.

Por caso, la mendocina aseguró: “Hemos fallado como sociedad para que esta ley sea necesaria. ¿A quién se le podría ocurrir que sea candidato alguien condenado? Y, peor aún, que una agrupación los proponga para sus listas. Qué raro que una sociedad necesite decirles a los políticos que nos excluyamos de un proceso electoral cuando hemos sido condenados”.

A lado de Juri se encontraba su comprovinciano y ex gobernador Rodolfo Suarez, quien impulsó una norma de Ficha Limpia en Mendoza “mucho más estricta, con delitos informáticos, trata de personas, violencia contra las mujeres, prostitución y crímenes lesa humanidad”. Por eso mismo es que la legisladora reclamó, posterior a la sesión que se desarrollaba, avanzar con proyectos ya presentados en ese sentido, ya que la ley en cuestión, “si bien es parcial, es un gran avance y en base a consensos que se han conseguido”.

Las críticas de la opositora Sapag -ratificada como vicepresidenta de la Cámara alta- por la supuesta “proscripción” de Cristina Kirchner fueron desactivadas por Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). “Esta ley no prohíbe por cuestiones ideológicas y políticas, sino legales y objetivas, como delitos dolosos graves contra el Estado, con una sentencia confirmada en doble instancia. Se está respetando el principio del doble conforme, tal como reconoce la Corte Suprema y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.

El acompañamiento del Gobierno libertario quedó reflejado poco después por el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, quien dijo que el proyecto “es necesario para la salud de la democracia”. Y agregó que el mismo “chocó con los obstáculos de la política y con maniobras para tratar de frenarla”, y que “lo que debería haber sido una norma sencilla, fue una lucha cuesta arriba”.

La ley rechazada

Durante las últimas sesiones extraordinarias, en Diputados se eliminó la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, por lo que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general, que ocurrió a fines del mes pasado.

Por otra parte, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

En el artículo 2, el inciso A se cambió en la Cámara baja por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Junto a los cargos electivos, los involucrados en la ley tampoco podrían designados como “jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social”, así como de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni representantes en empresas con participación estatal de cualquier clase. Con lo ocurrido esta noche, todo volvió a punto cero.