Comprar y vender empresas tendrá nuevas reglas desde el lunes

A partir del próximo lunes, las operaciones de compra y venta de empresas en Argentina tendrán nuevas reglas de juego. Después de décadas de controles posteriores, comenzará a regir plenamente el sistema de autorización previa de concentraciones económicas establecido por la ley 27.442. En adelante, las compañías alcanzadas por la normativa deberán conseguir el visto bueno de la autoridad de competencia antes de concretar una adquisición o fusión.

El cambio pone a Argentina en línea con los mecanismos utilizados en buena parte del mundo y cuenta con amplio respaldo entre abogados especializados, consultoras de fusiones y adquisiciones (M&A) y expertos en defensa de la competencia. Sin embargo, hay una preocupación compartida: cuánto tardará el Estado en analizar las operaciones y otorgar las autorizaciones.

Hasta ahora, las empresas podían cerrar una transacción y notificarla posteriormente al organismo regulador. El problema aparecía cuando las autoridades detectaban riesgos para la competencia, porque debían intervenir sobre una operación que ya estaba concretada. Un ejemplo reciente es la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, que despertó objeciones del Gobierno por su potencial impacto sobre el mercado y quedó bajo análisis de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Mientras tanto, las compañías avanzaron con la integración, lo que volvió a poner sobre la mesa las dificultades de revertir una adquisición o imponer desinversiones una vez ejecutada.

Con el nuevo régimen, las operaciones sujetas a notificación deberán superar el control regulatorio antes de que se transfieran las acciones, se complete el pago y se concrete el cambio de control.

La modificación también obligará a revisar la manera en que se negocian y estructuran las compraventas. En particular, cobrará protagonismo el denominado standstill, un período durante el cual comprador y vendedor ya firmaron el acuerdo, pero deben esperar la autorización oficial para ejecutarlo.

Durante esa espera, el comprador no podrá intervenir en las decisiones estratégicas ni asumir el control de la compañía adquirida. De hacerlo, podría incurrir en una infracción conocida como gun jumping, que consiste en anticipar la ejecución de una operación sin contar con la aprobación correspondiente. Esto obligará a introducir nuevas cláusulas contractuales y establecer mecanismos para preservar la independencia de las empresas hasta que se autorice la transacción.

El nuevo esquema es que permite detectar y resolver eventuales problemas de competencia antes de que las empresas se integren. La contracara es que incorpora una instancia de espera obligatoria que puede incidir en los tiempos de cierre, los costos y la planificación financiera de las adquisiciones.