Causa por estafa: víctimas entran como querellantes para que haya avances

Si bien en las causas penales son los fiscales los determinantes en el avance de una investigación, después del pasamanos alrededor de una denuncia por estafa que apunta a un broker inmobiliario ahora son las presuntas víctimas quienes lograron entrar al expediente como querellantes. El plan tiene como objetivo que se produzcan pruebas contundentes para imputar al empresario local Juan Carlos Vargas.

Tras la decisión del fiscal regional Matías Merlo, quien hizo lugar a una acción de revisión y finalmente ordenó que la denuncia contra Vargas se reactive y regrese al despacho de la fiscal Ana Julia Milicic de la Unidad de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación, ahora los damnificados que hicieron la presentación original van a tener activa participación en el caso.

Con el patrocinio del abogado Gabriel Monserrat, las víctimas Jonatan Altuzarra y Marcos Frenda vienen desde abril intentando ser querellantes, pero debido a que el expediente no avanzaba y pasaba de fiscal en fiscal, la solicitud nunca había sido tenida en cuenta. Si bien ahora falta que la defensa de Vargas exponga si tiene objeciones, la fiscal Milicic adelantó que acepta la confirmación de la querella. “Vamos a empujar el proceso, intentamos que se produzcan pruebas continentes”, indicó Monserrat, en contacto con Punto biz, el letrado entiende que al margen de una oposición de la defensa del denunciado, “hay una decisión en firme del fiscal regional para que el caso se investigue, de manera que es difícil que naufrague cualquier posibilidad de desplazar la querella”.

La supuesta maniobra de estafa fue presentada originalmente el 19 de febrero de este año, cuando dos empresarios inmobiliarios con el asesoramiento de Monserrat denunciaron a Vargas por fraude. En fecha 21 de Abril de 2023 los dos perjudicados celebraron un contrato de mutuo con Juan Carlos Vargas por la suma de u$s15.000, de acuerdo a lo que reza en la denuncia, el monto sería “aplicado a diferentes proyectos comerciales uno de los cuales era una inversión en espectáculos artísticos y shows que realizarían en el Anfiteatro”.

Ahora bien, la cosa no quedó allí. En fecha 5 de mayo de 2023 le entregaron a Vargas otros u$s10.000 que habrían sido retirados de las oficinas de los damnificados por un presunto empleado del denunciado. La situación se repitió el 17 de mayo cuando las víctimas -siempre de acuerdo a la denuncia- le dieron en mano a Vargas otros u$s10.000.

La intranquilidad llegó cuando se vencieron los 30 días de la fecha de suscripción del mutuo. “Luego de insistentes reclamos, solo se recibieron como respuestas, evasivas, excusas, un vehículo Toyota Hiace y sobre finales del año 2023 ofreció cheques de la firma Balsuar SRL, que según sus palabras habían sido entregados por otros negocios a través de un individuo llamado M. S. domiciliado en Máximo Paz; haciendo constar que nunca hizo entrega de ninguno de los bienes ofrecidos”, se menciona en la denuncia.

Lo cierto es que la presentación entró en la Unidad de Investigación y Juicio del MPA a cargo de  Ana Julia Milicic, luego pasó a manos de la Unidad de Delitos Económicos, primero por el despacho de Miguel Moreno y luego a manos del fiscal Sebastián Narvaja. Fue un verdadero pasamanos que para colmo terminó en un callejón sin salida.

“Cuando la causa cambió de unidad se comenzó a avanzar en 10 medidas de acción que finalmente no se cumplieron. En julio el fiscal Narvaja me aseguró que tenía el caso resuelto, pero cuando le consulté qué había resuelto el confirmó que el expediente se había rechazado. Fue allí cuando decidí presentar la acción de revisión”, relató oportunamente Monserrat,

En tiempo récord, el fiscal regional Merlo consideró que el expediente debía seguir abierto y asignó en la investigación a quien había tratado inicialmente la presentación; la fiscal Ana Julia Milicic.

Vargas supo comandar Adelante Broker Inmobiliario S.A, firma que llegó a estar impresa en las camisetas de los equipos rosarinos de primera división y que en los papeles está bajo el ala de Vargas y otros dos socios. A mitad de año se corroboró que la superficie comercial que ocupaba en una de las zonas comerciales premium de la ciudad quedó desocupada y con cartel de “se alquila”.