“Sostener el monitoreo de las cuentas públicas durante 30 años es un logro”

Para cuando la Revista Punto biz publicó el primer informe de la Fundación Apertura, ya hacía más de una década que la entidad trabajaba en el análisis de las cuentas públicas nacionales, provinciales y municipales. Era un “trabajo detectivesco”, como reflejaba en agosto de 2003 la nota sobre la distribución de la obra pública en la provincia de Santa Fe, porque había que analizar interminables planillas de papel.

“Hemos podido sostener el monitoreo de las cuentas públicas nacionales, provinciales y municipales a lo largo de 30 años, lo que es un logro y cada vez es más sustancioso porque vamos aprendiendo”, señala por una parte su presidente, Esteban Hernández. Por otra, reconoce una cuestión pendiente central: “Donde hubo un salto en materia de transparencia fue porque la sociedad civil se involucró. El empoderamiento del ciudadano común -enfatiza-, ese es el gran debate que se debe el progresismo argentino”.

“No solo se trata de combatir la corrupción sino de eficientizar el gasto. No sabemos cuántos policías hay ni cuántos mueren en servicio, por dar un ejemplo. No son datos de recursos sino de gestión. Esa información permitiría trabajar con metas y objetivos cuantificables”, explica y llama a “desestructurar eslóganes porque así como está el Estado no presta los servicios necesarios al ciudadano”. Sin embargo, marca que “hoy nadie habla de reforma del Estado y la academia tampoco se ha sumado a este tema”.

Hernández pone otro ejemplo: “Todos queremos mejorar la educación, pero eso requiere de información para saber dónde estamos parados”. Si bien rescata el Sistema de Gestión Administrativa Escolar (Sigae Web) que se consolidó durante la gestión de la ex ministra de Educación Élida Rasino, aclara que no es de acceso público. Por eso, aguarda el anuario de educación, un informe repleto de cifras cuya versión 2022 debería darse a conocer en esta época del año.
Generar un lobby “en el buen sentido”

Además de los informes periódicos, la fundación impulsa “Protegiendo Santa Fe”, una mesa de más de 20 entidades donde participan las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, Grupo Trascender, Corenosa, Fisfe, AIM, el Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto; la Cámara de Comercio, industria y Servicios de San Lorenzo; la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez, la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos, entre otras entidades de la provincia. Se reúnen cada tres meses con legisladores nacionales de la provincia para compartir la información que surge de monitorear tres temas en el presupuesto nacional: seguridad, políticas sociales y obras de infraestructura.
“Analizamos el presupuesto nacional, vemos cuántos recursos recibe la provincia y compartimos esa información con las entidades de modo de tener más representatividad y peso para discutir con los legisladores. Se trata de generar un lobby en el buen sentido”, explica.

El centralismo porteño no es ninguna novedad pero no deja de producir hitos. Como cuando en febrero de este año la Fundación Apertura dio a conocer que, según la ejecución del presupuesto 2022 del Ministerio de Seguridad nacional, la ciudad de Buenos Aires recibió $49.350 por habitante y Santa Fe –inmersa en una profunda crisis de inseguridad- fue la que menos fondos recibió, con solo $2.224 por cápita. No solo eso sino que la provincia quedó última en el ránking por distrito, donde el promedio de todas las provincias fue de $8.613 por habitante/año. Ahí surge con claridad que “la política real es cómo gasta el Estado, no como dice que va a gastar”, como apunta Hernández.

Pero, ¿la Nación tiene datos de ejecución presupuestaria tan actualizados? Sí, porque en los 90 los organismos multilaterales de crédito financiaron un conjunto de desarrollos para cumplir con lo establecido en la denominada Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Hay algunos agujeros. Hernández apunta que “la figura de los fideicomisos que creó el gobierno nacional es opaca porque se le asignan montos que luego no se sabe cómo se gastan, no hay rendición de cuentas. Hoy representan el 3% del presupuesto”. Muchos millones de pesos.
En época de inflación, agrega, la cuenta de inversión –que refleja el grado de cumplimiento de las metas del presupuesto-, “se desdibuja si no se reasignan presupuestos y partidas, la provincia siempre termina perdiendo una tajada”.

LA TRANSPARENCIA PENDIENTE
A nivel nacional hay una Ley de Información Pública desde 2016. En Santa Fe no hay caso; todos los proyectos mueren en el Senado provincial, que optó por adherir a la norma nacional. “Igual se puede acceder a los datos”, dice Hernández, pero el problema es otro: Santa Fe no tiene la información presupuestaria digitalizada, procesable (está en PDF, no en Excel) y analítica, lo que supone una traba. Ensaya que una de las razones es que hay un amplio universo de actores a los que no les interesa que se difunda con cuánta eficiencia se gastan los recursos, tales como responsables de escuelas, hospitales, samcos, comisarías, áreas de obras públicas, etc.

A nivel municipal, la información sobre ejecución presupuestaria sigue siendo en papel. En cuanto a transparencia, está el antecedente de la época de Hermes Binner, desde cuando se publican los haberes que percibe la planta de trabajadores municipales. Rosario sigue siendo una de las pocas ciudades que lo hace. Cuando quiso hacerlo como gobernador de de Santa Fe los gremios estatales se opusieron esgrimiendo razones de seguridad.