Tres frentes apuntan contra el juez de la quiebra de Sancor 

La quiebra de Sancor dejó de ser solamente una disputa por el destino de sus activos. En las últimas semanas, el expediente comenzó a sumar cuestionamientos desde distintos sectores involucrados en el proceso, todos con un mismo destinatario: el juez Civil y Comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich, a cargo de conducir la liquidación de la histórica cooperativa láctea.

En un escenario poco habitual para un proceso concursal, ya son tres los planteos independientes que cuestionan el desarrollo de la quiebra. Provienen de actores con intereses muy diferentes: uno de los síndicos designados para controlar el expediente, un grupo de acreedores laborales y comerciales que promovió un pedido de jury de enjuiciamiento y la sociedad Fidulac S.A., acreedora de Sancor y presidida por el empresario rosarino Gustavo Scaglione.

Cada presentación aborda aspectos distintos del proceso, pero todas coinciden en poner bajo análisis decisiones adoptadas por el magistrado durante una etapa clave: la realización de los activos con los que deberán satisfacerse los créditos de trabajadores, proveedores y demás acreedores.  

El jury promovido por acreedores

El frente más delicado para el magistrado es el pedido de jury de enjuiciamiento presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por los abogados Aldo Luis Regali y Juan Manuel Bergallo, quienes representan a acreedores de la cooperativa, entre ellos trabajadores.

En la denuncia sostienen que Gelcich incurrió en una serie de decisiones que habrían comprometido la preservación del patrimonio falencial y afectado las posibilidades de recupero de los acreedores.

Entre otros puntos, cuestionan la inexistencia de una tasación técnica integral de los activos, una presunta subvaluación de bienes, la falta de incorporación de determinados activos societarios al patrimonio de la quiebra, el tratamiento dado a Sancor Seguros, la situación de las sucursales de Brasil y México y el rechazo del plan de salvataje impulsado por acreedores. También sostienen que la declaración de quiebra se produjo antes de que la asamblea de asociados resolviera definitivamente el pedido formulado por el Consejo de Administración.  

La presentación incluso solicita la apertura del jury y la adopción de medidas cautelares mientras se investiga la actuación del magistrado.  

El síndico denunció un “patrón sistemático”

El segundo cuestionamiento proviene desde el interior del propio proceso.

Juan Luis Tomat, uno de los integrantes de la sindicatura plural, denunció ante la Corte Suprema santafesina una “grave irregularidad” institucional y describió lo que considera un patrón sistemático destinado a desplazar al órgano de control independiente de la quiebra.  

Según el contador, desde la llegada de Gelcich comenzaron a transferirse funciones propias de la sindicatura hacia la coadministración designada por el juzgado, reduciendo progresivamente la intervención del órgano de control en decisiones vinculadas con la administración y posterior venta de los activos.

La denuncia también cuestiona la forma en que fue designada la coadministración, la exclusión de la sindicatura de distintas operaciones patrimoniales y el apartamiento que sufrió durante el incidente derivado del ciberataque que afectó a Sancor, período durante el cual —según sostiene— se adoptaron decisiones relevantes sin su participación.  

Fidulac cuestiona el esquema de venta

El tercer frente fue abierto por Fidulac S.A., sociedad presidida por Gustavo Scaglione y también acreedora de Sancor.

La firma presentó un recurso de revocatoria con nulidad para dejar sin efecto el pliego licitatorio aprobado por Gelcich para avanzar con la venta de las plantas industriales, las marcas y otros activos de la cooperativa.

En este caso, el cuestionamiento no apunta tanto al funcionamiento institucional del expediente sino al criterio económico elegido para liquidar la empresa.

Fidulac sostiene que antes de definir la modalidad de venta debió realizarse una valuación de Sancor como unidad económica en funcionamiento y compararse ese escenario con una liquidación fragmentada.

La empresa afirma que el verdadero activo estratégico de la cooperativa reside en el valor comercial de la marca Sancor y que vender las plantas por separado podría reducir el precio final obtenido por los activos, perjudicando a la masa de acreedores.

En esa línea recuerda que la marca principal y sus submarcas fueron valuadas en u$s24,7 millones, mientras que las seis plantas industriales tienen una base cercana a u$s27,4 millones, dentro de un valor total de licitación de u$s52,1 millones.

Además advierte que, si el proceso continúa bajo el esquema actual y luego se concluye que la modalidad elegida no maximizó el valor de realización, el perjuicio para los acreedores podría resultar irreversible.

Un expediente cada vez más tensionado

Aunque los tres planteos fueron promovidos por actores con intereses diferentes, existe un denominador común: todos cuestionan decisiones adoptadas por el juez Gelcich durante la etapa más sensible de la quiebra.

Mientras el síndico denuncia un desplazamiento del órgano de control previsto por la ley, los acreedores que impulsan el jury sostienen que existieron irregularidades que afectan el patrimonio de la masa falencial. A su vez, Fidulac concentra sus objeciones en el modelo diseñado para vender los activos y en el impacto económico que esa decisión puede tener sobre el recupero de los créditos.

Las distintas presentaciones deberán ahora ser analizadas en las instancias judiciales correspondientes, pero en conjunto configuran un escenario inédito para la quiebra de Sancor: por primera vez, desde distintos lugares del expediente, comenzaron a converger cuestionamientos sobre la conducción judicial del proceso de liquidación.