Los gastronómicos detenidos por reclamar tras 15 meses de cuarentena

La protesta que gastronómicos rosarinos organizaron frente a la sede de Gobernación terminó de la peor manera, con detenidos y caos de tránsito. Agentes policiales desactivaron el reclamo por orden del fiscal de Flagrancia, José Luis Caterina y se llevaron demorados a dos reconocidos referentes del sector, que vienen trabajando desde hace muchos años en el gremio empresario. Se trata de Jorge Sauan, dueño de la pizzería Gorostarzu y “Vitín”, titular del histórico Bar Blanco; ambos se encontraban participando de una manifestación solidaria y fueron detenidos y derivados a la Seccional 2º.

En la esquina de Moreno y Santa Fe, dueños de bares y restaurantes de Rosario impulsaron como modo de protesta por las restricciones la realización de una cocina abierta las 24 horas para asistir a personas en situación de calle. Sin embargo, a primera hora de este miércoles, agentes policiales desactivaron la movida por orden del juez Luis María Caterina. 

“Llama mucho la atención esta resolución, porque estamos haciendo una acción solidaria y que haya un juez que esté en contra de esto es absurdo”, dijo a Punto biz Joaquín Parcel, integrante de Unión Gastronómica Rosarina (Ugar). Como saldo de operativo policial que intervino para levantar la protesta -que incluía un corte de calles- permanecen demorados dos gastronómicos de reconocida trayectoria en la ciudad. 

Los trabajadores gastronómicos habían llegado a primera hora de la mañana con mesas, braseros y elementos de cocina para cocinar y entregar viandas, en una original protesta contra las medidas sanitarias que restringen la actividad. 

Según difundieron en un comunicado, la acción estaba destinada a visibilizar desde la solidaridad un profundo reclamo por la imposibilidad de hacer frente a los gastos corrientes, y se iba a llevar a cabo desde una carpa de campaña ubicada en calle Moreno, entre San Lorenzo y Santa Fe, desde donde se entregarían raciones de comida de manera gratuita.  "Los cierres intermitentes atentan ferozmente contra la actividad comercial más golpeada por la pandemia", manifiestan.

El planteo, además, es en reclamo de más y mejor asistencia económica frente a lo que consideran como una "crisis terminal" que sufre el sector. Según trascendió, la Provincia tendría en carpeta la puesta en marcha de un subsidio de $10.000 por cada trabajador registrado.