Denuncian a siete pesqueras que operan en Malvinas por presunto contrabando

La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una denuncia contra directivos, administradores y representantes legales de compañías pesqueras internacionales que explotan recursos marinos en torno a las Islas Malvinas con autorizaciones emitidas por las autoridades británicas. La presentación pidió investigar si las maniobras pueden configurar delitos de contrabando.

La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, sostuvieron que la operatoria afecta la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.

El escrito judicial apuntó contra siete grupos pesqueros, principalmente de origen español y vinculados con sociedades constituidas en Malvinas. Entre ellos aparecen Lanzal, asociada a Petrel Fishing Company Ltd.; Grupo Pereira, vinculada con Argos Group Ltd.; Pescapuerta y Copemar, relacionadas con South Atlantic Squid; Ferralmes, asociada a Castelo Fishing Co.; Hermanos Touza, vinculada con Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, relacionada con Polar Ltd.

La denuncia también identificó embarcaciones utilizadas por esas sociedades, entre ellas Monteferro, Argos Cíes, Argos Berbés, Falcon, Prion, Robin M. Lee, Hadassa Bay, Castelo, Hermanos Touza y New Polar Playa de Sartaxens. Según la presentación, las compañías operarían bajo licencias británicas que los denunciantes consideran carentes de validez para la Argentina.

Qué maniobras investiga la Justicia

El planteo judicial describió dos conductas que, según los abogados, podrían encuadrar como contrabando. Por un lado, sostuvo que las capturas serían extraídas sin intervención del control aduanero argentino para luego ser exportadas, trasbordadas en alta mar o descargadas en Puerto Argentino y en terminales de terceros países.

Por otro lado, los denunciantes argumentaron que la utilización de permisos otorgados por las autoridades británicas permitiría eludir la fiscalización argentina sobre las mercaderías, junto con el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios. La presentación encuadró esas conductas, en principio, en los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero de la Nación.

El escrito también pidió investigar si existió un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público por posibles omisiones en tareas de vigilancia, patrullaje y promoción de acciones contra este tipo de operatorias. Para avanzar en esa línea, los denunciantes solicitaron medidas de prueba ante la Prefectura Naval Argentina, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), la Dirección General de Aduanas y la Inspección General de Justicia.

Entre las medidas requeridas figuran reportes de avistamiento e identificación de buques, registros de operaciones de exportación y pago de aranceles, además de información sobre vínculos comerciales, filiales y activos que las compañías denunciadas puedan tener en territorio continental argentino.

La presentación se sumó a otro frente judicial vinculado con la actividad económica alrededor de Malvinas. En el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py tramitan denuncias presentadas por Cancillería relacionadas con actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las islas.