Cinco empresas se anotaron para rescatar de la quiebra a Algodonera Avellaneda

Apenas un mes después de que se decretara la quiebra indirecta de Algodonera Avellaneda SA, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista aceleró las gestiones para evitar el desmantelamiento de la emblemática firma textil vinculada al Grupo Vicentin. El juez Fabián Lorenzini confirmó la apertura del proceso con la preinscripción formal de cinco empresas interesadas en adquirir el negocio como una unidad productiva en marcha.

El listado de firmas autorizadas a inspeccionar las instalaciones incluye a jugadoras del sector y sociedades relacionadas como Algoservicios SA, Vicentin Cereales SA, Tipoiti Satic, Enod SA. y Bolton SA. Según explicaron desde el tribunal norteño, esta instancia preliminar sirve como evaluación técnica y operativa antes de pasar a la licitación definitiva, permitiendo a los interesados auditar la planta bajo una estricta supervisión de la sindicatura. Debido a la extrema complejidad del entramado industrial y logístico, Lorenzini otorgó una prórroga extraordinaria de cinco días hábiles judiciales para que las interesadas puedan presentar propuestas comerciales sólidas.

La premura del juzgado no responde únicamente a la necesidad de preservar las fuentes laborales, sino también a una inminente asfixia financiera que amenaza con paralizar los motores. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe notificó formalmente una intimación por una deuda que supera los $4.600 M correspondientes al consumo eléctrico de la planta de hilandería. El ente estatal advirtió que avanzará con el corte total del suministro y el inicio de acciones legales si no se regulariza la situación.

Ante este complejo escenario de cara al cierre de 2026, el magistrado ordenó a los síndicos un relevamiento urgente sobre el impacto técnico y los perjuicios que provocaría un apagón en la maquinaria. El objetivo de la justicia comercial es blindar el valor de los activos fijos y sostener las instalaciones operativas, garantizando que el traspaso final a manos privadas se realice sin que la empresa pierda su capacidad de producción.