Tres gigantes del cobre pelean por una línea eléctrica clave

El desarrollo del cobre en Argentina empezó a mostrar su primer cuello de botella estructural: la falta de infraestructura eléctrica. En San Juan, tres proyectos mineros de gran escala quedaron cruzados por el uso de una línea de alta tensión que resulta clave para abastecer nuevas inversiones.

El conflicto involucró a Vicuña, Los Azules y Barrick, entre otros actores del sector. La disputa se concentró en la capacidad de transporte eléctrico del corredor Nueva San Juan-Rodeo, una infraestructura estratégica para alimentar emprendimientos cupríferos ubicados en la cordillera.

Según publicó La Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Engre) convocó a una audiencia pública para analizar el pedido de Vicuña, que buscó ampliar la red de transporte eléctrico en la provincia y acceder con prioridad de uso a la nueva capacidad que genere esa obra.

El proyecto Vicuña, respaldado por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, necesita energía para operar los depósitos Josemaría y Filo del Sol, ubicados a más de 4200 metros de altura. La inversión prevista en infraestructura eléctrica rondaría entre u$s400 M y u$s500 M, con un plazo de obra estimado en tres años.

El plan incluyó tres tramos. El primero apuntó a ampliar la línea existente entre Nueva San Juan y Rodeo, para llevarla de 132 kV a 500 kV. Los otros dos contemplaron nuevas líneas: una de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de 167 kilómetros, y otra de 220 kV entre Chaparro y una futura estación transformadora en Josemaría, de 93 kilómetros.

El punto más sensible fue la prioridad de uso. Vicuña pidió reservarse el 90% de la capacidad adicional durante 25 años, bajo el esquema regulatorio impulsado por el Gobierno nacional para que empresas privadas financien ampliaciones de infraestructura y, a cambio, tengan prioridad sobre la capacidad incremental.

La objeción surgió porque la línea original no fue financiada solo por el Estado. Empresas mineras que ya operaban en la provincia, entre ellas Barrick y las titulares del proyecto Gualcamayo, aportaron más de u$s133 M para financiar el tramo Nueva San Juan-Rodeo.

El proyecto Los Azules, de McEwen Copper, fue uno de los que marcó reparos. Desde la compañía advirtieron que otorgar una prioridad de uso por 25 años sobre infraestructura ya existente podía convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El trasfondo fue la falta de inversión acumulada en transporte eléctrico. Argentina dejó de producir cobre en 2018, mientras que Chile, con recursos geológicos similares del otro lado de la cordillera, exporta más de u$s50.000 M anuales del mineral.

Para el Gobierno, el caso se convirtió en una prueba del nuevo esquema regulatorio. Sin margen fiscal para financiar grandes obras, la administración de Javier Milei habilitó que privados ejecuten ampliaciones y obtengan prioridad de uso sobre la capacidad que generen.

Desde Vicuña sostuvieron que el pedido no implicaba exclusividad sobre todo el sistema, sino sobre la capacidad adicional financiada por la propia empresa. También plantearon que otros proyectos podrían solicitar sus propias ampliaciones si necesitaban mayor abastecimiento.

El EPRE de San Juan y la provincia de La Rioja presentaron observaciones técnicas y jurídicas. Entre los reparos, señalaron posibles impactos sobre la red regional y cuestionaron que una compañía acceda a infraestructura parcialmente financiada por otras mineras sin un esquema de compensación.

La audiencia pública no fue vinculante, pero el resultado quedó bajo la lupa del sector. Lo que defina el regulador marcará un antecedente para las inversiones mineras que buscan avanzar en la Argentina y, al mismo tiempo, dependen de una red eléctrica que todavía corre por detrás de la demanda.