Economía

Cómo funciona

Fijaron las reglas del acceso abierto y apuran la privatización ferroviaria

Por Redacción

El Gobierno precisó cómo podrán operar los privados y qué condiciones deberán cumplir para utilizar la infraestructura ferroviaria.

El Gobierno nacional oficializó el marco operativo para implementar el sistema de acceso abierto (open access) en la red ferroviaria de cargas. La medida quedó establecida mediante la resolución 1984 del Ministerio de Economía y busca dar previsibilidad a las empresas interesadas en participar de la privatización del Belgrano Cargas.

La reglamentación llega después de que Grupo México, uno de los principales interesados en el proceso, decidiera retirarse de la licitación a fines de octubre. La compañía había proyectado inversiones por u$s3.000 M, pero cuestionó la falta de precisiones sobre el funcionamiento del sistema de acceso abierto.

La salida del grupo internacional generó incertidumbre entre los demás interesados y llevó al Gobierno a modificar el cronograma del proceso. La apertura de sobres, que inicialmente estaba prevista para el 11 de noviembre, fue trasladada al 21 de diciembre.

Con la nueva resolución, Economía definió las condiciones que deberán regir la relación entre los administradores de la infraestructura ferroviaria y las empresas privadas que operen los trenes de carga. El objetivo es establecer reglas de acceso y utilización de las vías, además de garantizar condiciones de competencia entre los distintos operadores.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) tendrá a su cargo el control del sistema y deberá establecer un régimen de sanciones y multas ante posibles incumplimientos.

Las condiciones para operar la red ferroviaria

Entre los principales puntos del reglamento figura un esquema de incentivos para las inversiones en infraestructura. Los concesionarios que realicen obras de mejora en los ramales, mediante acuerdos aprobados por el Gobierno, tendrán garantizada la reserva de capacidad en esos tramos. De esta manera, no podrán perder el derecho de uso por una supuesta subutilización de las vías.

La normativa también establece mecanismos para evitar tratos discriminatorios entre operadores. Los administradores de la infraestructura no podrán favorecer a empresas de su propio grupo económico y se presumirá competencia desleal cuando se detecten desvíos superiores al 15% en la asignación de horarios preferenciales o diferencias injustificadas mayores al 10% en el cobro de peajes.

Otro de los aspectos regulados es el esquema tarifario. El costo por utilizar la red incluirá el derecho de paso y servicios obligatorios, como el acceso a patios ferroviarios durante las 24 horas de todo el año, el armado de rutas y la gestión de circulación.

En cambio, la carga de combustible y las reparaciones menores serán consideradas prestaciones adicionales. En esos casos, los precios podrán acordarse libremente entre las partes.

El reglamento también establece plazos para la incorporación de nuevos operadores. Los administradores de las vías tendrán un máximo de 30 días hábiles para aprobar o rechazar las solicitudes de acceso a la infraestructura.

Además, podrán inmovilizar preventivamente cualquier locomotora que no reúna las condiciones mínimas de seguridad antes de ingresar a la red ferroviaria.

Con estas disposiciones, el Ejecutivo busca despejar las dudas que surgieron durante el proceso licitatorio y establecer las condiciones bajo las cuales podrán convivir distintos operadores privados en la infraestructura ferroviaria nacional.

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