Fondo exige sanciones para Argentina y el Gobierno denuncia "hostigamiento"

El fondo de inversión Burford Capital volvió a intensificar su ofensiva judicial contra la Argentina en el marco del litigio por la expropiación de YPF y solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska que el país sea declarado en desacato.

Según publicó El Cronista, el reclamo se inscribe dentro del juicio iniciado por la estatización de la petrolera en 2012, que ya cuenta con una condena en primera instancia por unos u$s16.000 M, cifra que supera los u$s18.000 Ms si se suman intereses. Burford, principal beneficiario potencial del fallo, sostiene que el Estado argentino no aportó documentación clave para el proceso.

Entre los pedidos del fondo figura el acceso a correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y anteriores, a los que considera relevantes para la causa. Sin embargo, desde la Procuración del Tesoro rechazaron esa postura y aseguraron que el país cumplió de manera amplia con el proceso de intercambio de información, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentación y testimonios oficiales.

De acuerdo con especialistas en litigios internacionales, la estrategia de Burford apunta a demostrar que distintas empresas públicas y organismos estatales actúan como una misma entidad, lo que abriría la posibilidad de avanzar sobre eventuales embargos de activos en Estados Unidos. La maniobra recuerda a las tácticas utilizadas por los fondos buitre en años anteriores.

Desde el Gobierno calificaron el planteo como una forma de presión indebida y denunciaron un accionar de “hostigamiento”. Además, señalaron que las comunicaciones personales de los funcionarios no están bajo control del Estado y se encuentran protegidas por la legislación vigente.

El pedido de desacato se produce en un contexto que el Ejecutivo considera favorable para la Argentina, con avances judiciales recientes y respaldos internacionales. La presentación formal de los argumentos del país está prevista para febrero, mientras que una eventual definición del tribunal no se espera antes de fines de marzo.