Si bien la empresa precisó montos promedio de subas para usuarios residenciales y comerciales, algunos de los expositores cuestionaron los porcentajes.
Este viernes se desarrolló la audiencia pública de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en la cual se expusieron los argumentos para solicitar el aumento en el cobro del servicio. Principalmente se plantea una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD). Dentro de los estipulado para el 2023, la diferencia entre los ingresos y egresos sin la adecuación del VAD generaría un déficit del $37.279.000.000.
La exposición estuvo a cargo de Jorge Tarchini, Gerente de la EPE, quien dentro de la nómina de hechos que afectaron el cuadro tarifario de la distribución de la energía enumeró al aumento el retiro de subsidios a la compra, la segmentación de tarifas, la dificultad para el acceso a la divisa extranjera, el incumplimiento de contratos de provisión de materiales y equipos (importaciones), los acuerdos paritarios del sector y hasta la modificación de los precios de los commodities como el petróleo, hierro y algunos materiales metálicos por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Según informaron desde la EPE, el 49% de los gastos que deberá afrontar este año se debe a la compra de energía. Con relación a esto, explicaron que el costo de compra de energía aumento entre el 2021 y el 2022 en un 28% en dólares, se pasó de pagar u$s9.500 M a u$s2.300 M para similar cantidad de energía.
A valores de kilovatios hora, de enero a diciembre se pasó de $4.000 M a $9.000 M, es decir un incremento del 120% en el valor de la compra de energía a Camesa.
En otro orden de gastos, y para explicar los aumentos más altos que debió asumir la empresa en cuanto a la compra de insumos, marcaron el aumento del 430% en la adquisición los transformadores de distribución o el 365% que debió afrontar la EPE en el costo de los conductores preensamblados.
Cuadro tarifario
Desde la EPE expusieron que el aumento promedio en el cuadro tarifario quedará del 49,6% para los usuarios residenciales, 46,6% para los usuarios comerciales, 42,8% para los industriales, 42,4% para las instituciones y del 40% para la tarifa social.
Estos promedios a su vez, variarán según los consumos (cantidad de kilovatios), las distintitas segmentaciones y aplicación de diferentes subsidios y planes provinciales, de clubes, el programa de energía solidaria, el cuadro de energía para el arraigo industrial y el régimen de cooperativas de agua potable.
Mauricio Caussi, presidente del directorio de la Empresa Provincial de Energía ejemplificó que una familia, con un consumo racional de 600 kilovatios promedio “va a tener un aumento mensual de $3.000, un costo diario de $ 400”.
Cláusula gatillo
Al igual que el año pasado, desde la EPE solicitan la autorización para la aplicación de una fórmula de actualización automática de costos. El presidente de la empresa justificó la utilización de la fórmula en que “está planteada la actualización automática por los aumentos operativos, si los costos superan lo previsto”, además dijo que necesitan un cuadro normativo “que pueda dar agilidad, si bien es automático están claros los parámetros en los que se dispara”.
Este punto despertó numerosas críticas de los expositores. En el caso de Verónica Geese, expresidenta del directorio, dijo a Punto biz que “se hacen aprobar la fórmula (cláusura gatillo) para poder aplicar los aumentos que se darán seguramente entre septiembre y octubre, sin necesidad de volver a llamar a audiencia pública”.
Christian Galindo, presidente de la Red Argentina de Consumidores,” nos preocupa y nos oponemos a esa metodología”. Desde el organismo exigieron dar previsibilidad a las personas, “existe un derecho constitucional que le asiste al usuario, que es el de la información, esto de poder prever cuánto le va a costar la tarifa de electricidad en los próximos períodos”.
Críticas a las cifras
“Hay una proporcionalidad exagerada si comparamos los aumentos con la evolución de los salarios”, resaltó Galindo. El representante de los consumidores citó el fallo “Cepis” (2016), pidiendo razonabilidad y gradualidad en los aumentos, “que el impacto en la suba sea el menor posible y a partir de la gradualidad las tarifas vayan recuperándose”.
Por su parte, Geese definió la presentación de los funcionarios de la EPE como una “perversión matemática”. La Consultora en Energías, Sostenibilidad y Gobernanza, dijo que no explican cómo sacan las fórmulas y que el material previo que otorgaron para la audiencia estaba desactualizado, por lo que no se pudo definir si lo expuesto por el organismo era correcto.
La exsecretaria de Energía de Santa Fe fue contundente al definir el 39% de aumento promedio graficado por Caussi como algo “irreal”, explicando que la comparación “la hicieron entre marzo y enero, cuando en febrero ya hubo aumento”. Para contraponer los argumentos, Geese dijo que una familia (residencial) que consume 600 kilovatios promedio, “tendrá un aumento del 56% o más y no del 49,6% que mostraron en el cuadro”.
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