Ingresos Brutos: quieren armar frente común contra embestida judicial

El gobierno de Santa Fe busca acordar con el resto de las provincias grandes cómo resolver la avanzada judicial de las empresas contra el cobro de una tasa superior en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las compañías con establecimiento industrial fuera de sus jurisdicciones.

En efecto, el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, viene manteniendo contactos con sus pares de las provincias de Buenos Aries, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. Y la intención de Santa Fe es que de esa mesa salga un acuerdo para armonizar las normativas provinciales con los cambios necesarios para que dejen de ser calificadas de inconstitucionales por las empresas.

El interés y el apuro de Santa Fe en el tema no es casual. Según los cálculos de la cartera económica, la provincia deja de recaudar unos $1.000 M al año por las cautelares que obtienen empresas grandes que se quejan de que les cobran una alícuota más cara de Ingresos Brutos por vender en Santa Fe productos que no fabrican en la provincia.

Pero además el caso más avanzado en la Justicia contra de estas alícuotas diferenciales (que todas las provincias grandes cobran a las firmas foráneas) es el de Bayer contra Santa Fe, que está en las puertas de definición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Llegar a un acuerdo entre las provincias es una tarea difícil. Es que además de lograr un consenso político que sume a todas las provincias para ver cómo encaminar la situación, también ofrece dificultades técnicas porque se deben armonizar bases imponibles y alícuotas totalmente distintas. Ocurre que no sólo no es el mismo el peso de Ingresos Brutos sobre las empresas en las distintas provincias sino que también son distintas las alícuotas extra con las que se grava a las ventas de empresas que no fabrican en sus jurisdicciones. Pese a esas dificultades, el gobierno de Santa Fe está convencido de que sólo con un acuerdo entre las provincias que armonice la carga fiscal y emprolije los textos normativos (sacando las consideraciones que les permiten a las empresas denunciar “aduanas interiores”) se podrán saldar las discusiones con las empresas.

Sobre el caso Bayer, la Procuración dictaminó a favor de la demanda interpuesta por la empresa con el objeto de que se declare inconstitucional la exigencia de Santa Fe del pago de una diferencia de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al considerar aplicable la alícuota de 3,5% por las actividades de comercialización de productos elaborados en plantas industriales radicadas fuera de la provincia. El dictamen fiscal explicó que Bayer había aplicado la alícuota del 1% para liquidar Ingresos Brutos devengado por el desarrollo de sus actividades de "fabricación de medicamentos para uso humano y productos farmacéuticos" y del 2% por la de "fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario". La Procuración señaló que Santa Fe había objetado esta conducta pues consideraba que, al ser los productos elaborados en otra jurisdicción (Buenos Aires), no les correspondía ese tratamiento específico sino la alícuota general del 3,5%. Pero para la Procuración, ese tratamiento fiscal diferencial recrea una aduana interior prohibida por la constitución.

Como todas las provincias lo hacen, también hay empresas santafesinas que demandan a otras jurisdicciones. El caso más conocido es el de Red Surcos contra Entre Ríos. Pero la lista es inmensa incluyendo a Liliana, Acindar, Milkaut, Ombú, Williner y Molinos.