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Los argumentos del sector minero para oponerse a la Ley de Humedales

Los argumentos del sector minero para oponerse a la Ley de Humedales.
Por Redacción

El sector se sumó así a los referentes del campo que critican que la normativa en discusión limite la actividad productiva.

Al planteo que hicieron públicos los integrantes de la Mesa de Enlace y que de hecho derivó en un protesta sobre la conexión vial entre Rosario y Victoria contra el cepo productivo que impone la Ley de Humedales, se sumaron ahora la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), cámaras provinciales de productores y proveedores mineros.

"Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la falta de federalismo de concertación en el debate de los proyectos legislativos de protección de humedales y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados", reclamaron en un comunicado conocido en las últimas horas.

"Rechazamos toda propuesta de regulación que desde el desconocimiento condene la producción y la calidad de vida digna en las zonas alejadas de los grandes centros productivos de nuestro país donde la minería se desarrolla, y que vaya en contra del espíritu federal de nuestra constitución nacional", sumaron.

De acuerdo a lo que difundieron en el parte de prensa, "los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera. Su avance perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, impactando en el sustento de cientos de comunidades. Y no solo significa frenar las nuevas inversiones, sino también poner en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento".

"La autonomía de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, se ve vulnerada en varios de los Proyectos en tratamiento; además de las deficiencias jurídicas en cuanto a la superposición y conflictos con la legislación vigente. Presenciamos el impulso de Proyectos de Ley que, a falta del consenso requerido en el tratamiento de leyes ambientales, y para solucionar problemas generados por falta de control de incendios y sin considerar legislación específica ya existente (Ley N° 26.815; Convención RAMSAR, entre otras) avanza con un tratamiento superficial sobre legislación ambiental", mencionan.

El planteo incluye el potencial impacto sobre "miles de puestos de trabajo formal y bien pagado, en donde el desarrollo minero es un faro para el verdadero crecimiento social. El sector genera empleo para más de 85.000 familias y moviliza las economías regionales, dado que realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor, compuesta por pymes nacionales".

"La minería es el quinto complejo exportador nacional y aporta al Estado más de $107.000.000.000 al año. Argentina puede consolidarse como uno de los principales productores mineros a nivel mundial. Tomando los proyectos mineros más avanzados, hay potencial para llegar a exportaciones anuales por U$D 12.000.000.000 (más del triple de las actuales) y para lograr inversiones por U$D 20.000.000.000. Esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbres y perjudican la llegada de inversiones que son de gran volumen, con largo plazo de recupero y que requieren de un contexto de estabilidad normativa y reglas claras", argumentaron.

"Las instituciones productivas valoramos y respetamos la legislación concerniente y gestionamos el cuidado del ambiente. Nuestros recursos minerales son la usina del futuro, porque generan insumos para la electromovilidad como un poderoso factor de transición energética y acciones directas, por sobre la prohibición de actividades y la burocratización. Las actividades productivas gestionamos nuestros recursos para un mundo mejor con una menor huella de carbono", cierra el comunicado.

 

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