Ríos Artacho dijo que sufre de ludopatía para justificar desvíos por $200 M

La acusación contra el ex fiscal rosarino Mariano Ríos Artacho suma este martes una nueva jornada de audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal. Los representantes del Ministerio Público de la Acusación avanzaron en la presentación de pruebas para sostener la hipótesis de que el ex fiscal de la Unidad de Delitos Económicos era el jefe de una asociación ilícita que disponía fondos de cuentas judiciales para beneficio personal.

En la audiencia de hoy, la defensa presenta sus argumentos frente a la acusación. Ya ayer Ríos Artacho admitió los delitos que se le imputan, aludiendo como "justificación" a las maniobras que sufre de ludopatía, y que había orquestado una estructura que le permitía acceder a fondos para cubrir deudas de juego. "Expone una presunta situación personal que podría atenuar el impacto de las prubas por robo de dinero, agravado por su situación de funcionario público", señaló en diálogo con Punto biz Sebastián Carranza, vocero de la Fiscalía.  

Se espera que entre hoy y mañana la jueza Trinidad Cabrera defina la imputación de los 12 hechos que presenta la Fiscalía y si acepta la calificación de asociación ilícita. Además, Cabrera definirá si a Ríos Artacho le corresponde prisión preventiva durante el proceso judicial. 

Durante la exposición, la Fiscalía remarcó la gravedad del caso y sostuvo que el imputado "dejó rastros en cada una de las maniobras y incrementó el desvío de fondos a medida que ascendía en la estructura institucional".

Los investigadores ubicaron el origen de varios vínculos de la red ente habitués del VIP del Casino City Center y descartaron que la adicción al juego manifestada por el imputado pueda considerarse un eximente de responsabilidad penal. A su vez, enfatizaron que el problema de adicción no anula el reproche legal sobre los hechos investigados.

La hipótesis del caso sostiene que la organización operó de manera continua durante unos siete años con la participación de personas allegadas para canalizar las operaciones. Las irregularidades abarcan transacciones en moneda nacional y divisas registradas incluso hasta los días previos a la renuncia del ex funcionario.