¿Por qué cada provincia argentina tiene sus propias reglas para los casinos?

Un casino en Rosario, otro en el conurbano bonaerense y una plataforma online de juego en la Argentina, pueden tener reglas completamente distintas, a pesar de ofrecer lo mismo. Esto pasa porque en nuestro país no existe una ley nacional del juego, lo que tiene como consecuencia que una actividad pueda estar habilitada en una provincia y quedar offside en otra. Es en este escenario en donde encontramos operadores como Rioplay Argentina, que se tienen que adaptar a distintas condiciones según dónde quieran trabajar. Para las empresas esto requiere de muchos recursos, prestar atención y casi que armar un rompecabezas con las licencias, cánones y requisitos tan diferentes entre sí. Y en los jugadores también genera una especie de confusión sobre qué está habilitado y qué no. Cuando se entiende todo esto y el por qué hasta ahora no hay ninguna ley nacional que lo resuelva, te ayuda a leer mucho mejor el mercado que no para de cambiar en todo el país. 

Una cuestión constitucional

La explicación de todo lo anterior es jurídica y lleva más de un siglo y medio sobreviviendo. La Constitución Nacional establece que cada provincia conserva todo su poder al no delegarlo a la Nación. Como consecuencia, el juego de azar está incluido en ello, por eso, cada jurisdicción de las 23 provincias junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decide individualmente, si habilita o no el juego. También, decide en qué condiciones lo hace y quién lo va a controlar. En ningún momento, el Estado Nacional puede imponer sus normas ni fiscalizar la actividad.

Cada provincia con su propio regulador

A lo anterior se le sumó la llegada del juego online, donde se tuvo que trasladar ese mismo esquema de decisiones, pero a internet. En la provincia de Buenos Aires, se fue pionera con la Ley 15.079 aprobada en el año 2018. Se eligió al Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) como la figura que da las licencias a los operadores. En Mendoza se aprobó la Ley 9.267 en el año 2020 y se puso a cargo al Instituto Provincial de Juegos y Casino que entregó licencias por diez años. 

En el caso de la provincia de Santa Fe se fijó un marco específico para el juego en línea con la Ley 14.235. Y en el 2025, con la Ley 14.427 se destrabó la licitación de licencias de apuestas deportivas sin tope de operadores y con un canon mínimo del 15% sobre los ingresos brutos. Se dejaron afuera en esta licitación a la ruleta, tragamonedas y bingo. 

Ventajas y costos del modelo

En cuanto a las ventajas, con este sistema federal, cada provincia administra la recaudación según sus prioridades. La gran mayoría lo destina a la asistencia social, salud y deporte. 

Sin embargo, para las empresas esto conlleva un costo. Un operador que tenga presencia nacional tiene que tramitar las licencias en cada provincia, por la fragmentación, lo que conlleva tiempo, dinero y adaptabilidad. Además, aparece otro problema: las plataformas sin licencia que ven todos estos inconvenientes, aprovechan esa situación para competir. 

¿Tendremos una ley nacional?

En noviembre de 2024, en el Congreso de Diputados, se aprobó un proyecto contra la ludopatía en donde se limita la publicidad y el acceso a menores, pero el Senado lo cajoneó. En mayo de 2026, el Poder Ejecutivo envió otra iniciativa con sanciones severas para quienes incentiven las apuestas sin una licencia y el objetivo coordinar ciertos criterios entre provincias. Pero el problema sigue presente porque ninguna de estas iniciativas incluye eliminar la potestad provincial para dar licencias. 

Como jugador, antes de usar cualquier plataforma, chequeá qué tipo de licencia tiene, si está vigente y recordá que el juego es un entretenimiento y que conlleva riesgos.