Por Redacción
Están señalados en la investigación por la distribución de ampollas contaminadas que provocaron decenas de muertes.
La Anmat resolvió dar de baja de manera definitiva a los laboratorios HLB Pharma y Laboratorio Ramallo, dos firmas en el centro del escándalo por el fentanilo contaminado que derivó en una de las mayores crisis sanitarias recientes en la Argentina.
La decisión implica el cierre definitivo de las actividades de ambas compañías, que ya estaban bajo fuertes restricciones desde 2025, cuando comenzaron a detectarse graves irregularidades en sus procesos de producción y control de calidad.
El caso tiene su origen en la distribución de ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias altamente resistentes, entre ellas Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que fueron administradas a pacientes en hospitales de distintas provincias.
Según distintas investigaciones, el episodio dejó un saldo de decenas de muertes -con cifras que superan el centenar en algunos relevamientos- y expuso fallas estructurales tanto en la fabricación de medicamentos como en los controles estatales.
Irregularidades reiteradas
Las inspecciones oficiales ya habían detectado múltiples incumplimientos en los laboratorios involucrados. Entre las anomalías señaladas figuraban la producción en áreas no habilitadas, el uso de envases no autorizados y la liberación de lotes sin la documentación correspondiente.
Además, informes técnicos revelaron que incluso después de las advertencias, se continuaron comercializando productos, lo que agravó el cuadro y derivó en nuevas investigaciones regulatorias.
El lote de fentanilo cuestionado había sido elaborado en instalaciones de Laboratorio Ramallo para HLB Pharma, lo que consolidó el vínculo operativo entre ambas firmas en el expediente.
Una causa judicial abierta
En paralelo a la decisión administrativa, la Justicia federal avanza sobre las responsabilidades penales. La investigación apunta a directivos, técnicos y posibles fallas de control estatal, en un expediente que incluye decenas de imputados y medidas como embargos y prohibiciones de salida del país.
El caso también puso bajo la lupa el accionar de los organismos de control, ya que se detectaron advertencias previas sobre deficiencias que no derivaron en sanciones a tiempo para evitar la tragedia.
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