Por Redacción
La Fiscalía pedirá no menos de 10 años de prisión. Por qué se lo acusa, caso por caso.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió unificar las tres acusaciones que tienen como imputado al exjuez federal Marcelo Bailaque, para que sean debatidas en un único juicio oral y público. La decisión se adoptó luego de que concluyeran las audiencias de control de la acusación de los tres casos en los que el Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuye distintos hechos de corrupción vinculados con el ejercicio de su función judicial. Los jueces también prorrogaron el arresto domiciliario que cumple Bailaque -con monitoreo electrónico-, por seis meses o hasta la apertura del juicio oral, lo que ocurra primero.
De acuerdo con la estimación efectuada por el MPF, el exmagistrado enfrentará un pedido de pena de 10 años de prisión además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas. Entre los delitos atribuidos se encuentran los de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público, extorsión, concusión, recepción de dádivas y lavado de activos de origen ilícito agravado por su condición de funcionario público.
Al fundamentar la decisión, el juez Pineda señaló: “Existe conexidad objetiva y subjetiva entre los hechos investigados respecto de Bailaque en su rol de juez. Los delitos por los cuales se lo acusa se relacionan con hechos en el ejercicio de la magistratura”. Por su parte, la jueza Vidal señaló que la unificación resultaba conveniente por razones de economía procesal y celeridad. “Es la misma persona investigada en tres legajos, debe existir una comunidad de análisis de los elementos que conforman la investigación. Se debe respetar la unidad de reacción penal, porque el proceso es el vehículo para aplicar la norma penal”, destacó.
Caso 1: Extorsión y dádivas
En el legajo impulsado por la Procelac se investigan tres hechos de extorsión y recepción de dádivas. En esa investigación también están involucrados el escribano Busaniche, el financista Fernando Whpei y el extitular de la delegación local de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente ARCA, Carlos Vaudagna.
Según la acusación fiscal, desde mediados de 2019 y hasta noviembre de 2024, Bailaque coordinó con Whpei, Busaniche y Vaudagna una maniobra para impulsar actuaciones judiciales y administrativas contra los empresarios identificados como Claudio Iglesias y Jorge Oneto, con el objetivo de perjudicar la reputación del primero y perturbar su carrera profesional. Además, para evitar que resultara perjudicado en una causa penal, le exigieron 200.000 dólares, de los cuales entregó 160.000.
Otra de las imputaciones comprende el período entre enero de 2019 y enero de 2025, cuando Bailaque se desempeñaba como titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario. En ese período, se lo acusa de haber recibido pagos mensuales efectuados por Whpei a través de la mutual Siempre Joven, por un total de 5.719.194 pesos.
En el tercer hecho quedó vinculada la esposa de Bailaque, Graciela Martínez Maulion. De acuerdo con la acusación del MPF, en agosto de 2020 ambos incorporaron al mercado formal fondos de origen ilícito mediante un contrato oneroso de cesión de derechos y acciones sobre un lote ubicado en un barrio cerrado de Funes. Para concretar la operación habrían abonado 70.000 dólares en efectivo, un monto inferior al valor real de mercado.
Caso 2: Favores a Whpei
La segunda de las imputaciones que llegará a juicio está vinculada con su accionar como magistrado en la intervención judicial de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín. En este caso, la fiscalía le atribuyó a Bailaque haber adoptado decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho y haber ocultado deliberadamente su relación con el empresario Whpei, con el propósito de favorecerlo.
Según la acusación, en diciembre de 2020 el entonces juez dispuso el desbloqueo de los plazos fijos que la cooperativa tenía en distintas entidades bancarias para su posterior colocación en mutuales sobre las cuales el financista tenía control. En febrero de 2021 mantuvo la intervención judicial y rechazó la constitución como querellantes de los asociados.
Posteriormente, en abril de ese año, firmó un decreto mediante el cual ordenó liberar los fondos de la cooperativa depositados en entidades bancarias. En una primera instancia autorizó la liberación de 150 millones de pesos y luego de otros 1.000 millones, para realizar operaciones financieras con el Grupo Unión S.A. y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, entidades ligadas a Whpei.
Caso 3: Protección de un narco
La tercera acusación, presentada en noviembre de 2025, está relacionada con el desempeño de Bailaque en investigaciones sobre la organización narcocriminal liderada por el condenado Esteban Lindor Alvarado. En este caso también está imputado el contador Gabriel Mizzau.
De acuerdo con la tesis del MPF, entre 2014 y 2015, cuando se desempeñaba como juez federal, Bailaque dictó resoluciones contrarias a lo que en derecho correspondía conforme las pruebas reunidas y las propuestas de la fiscalía. Esa conducta provocó la paralización de las investigaciones y favoreció directamente los intereses de Mizzau, amigo personal del exmagistrado y contador de empresas utilizadas por la organización criminal.
En las investigaciones intervinieron el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), fiscal general Diego Velasco; el fiscal federal coadyuvante de la delegación Rosario de esa procuraduría, Juan Argibay Molina; el fiscal general de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; el fiscal federal Matías Scilabra, de la Procunar Región NEA; y el fiscal nacional Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
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