Concesionario de predio de la costa está en pie de guerra con la Intendencia

Aunque la Intendencia anunció recientemente la recuperación del predio ubicado en Entre Ríos y el río (donde funcionan los bares Quillagua, Quita Pena y El Charladero), la historia de una vieja licitación aún parece tener final abierto. "Nada más alejado de la realidad", aseveró José Luis Brun, representante de la empresa Coyde, concesionaria original del sitio y señalada históricamente por el municipio como el malo de la película.

Brun denunció por medio de un texto remitido a Punto biz un "hostigamiento administrativo y judicial continuo e ininterrumpido" por parte del Estado local. De sus palabras se lee que la empresa seguirá dando batalla en los Tribunales para no abandonar el usufructo de un lugar que desde hace varios años subalquila a otras dos firmas -que operan los espacios gastronómicos-.

Según la versión de los funcionarios municipales, desde 2010 Coyde tiene caído su derecho sobre el predio aunque logró seguir generando ingresos sin pagar contraprestación alguna a la Intendencia en base a planteos judiciales.  Este medio hizo público hace 15 días el acuerdo al que arribó el Ejecutivo municipal con las empresas gastronómicas que subcontratan los espacios del predio, que incluye el pago de un cánon y un plazo de 18 meses antes de liberar los locales . Luego de ese plazo serán administrados "con autonomía propia", señaló el secretario de Gobierno Gustavo Zignago.

Sin embargo, para Brun la situación es otra. "Nada más alejado de la realidad. Lo único que la Municipalidad logró hasta la fecha es encubrir ante la opinión pública y la Justicia el accionar doloso de algunos de sus funcionarios, despojando a empresarios honestos de sus legítimos derechos", contó.

Para el abogado de Coyde, la situación se desarrolló por carriles normales hasta el ingreso de Mirta Levin en la Secretaría de Planeamiento, durante los tiempos de Miguel Lifschitz como intendente. "Ninguneó la concesión de Coyde y trabó todo trámite", acotó, al tiempo que sembró dudas sobre la idoneidad de la funcionaria, pues "no todos los trámites se trataban. Algunos corrían rápido, como si tuvieran algún socio adentro".

Siempre según Brun, por esos años se produjo el robo del expediente vinculado a la concesión, que motivó una denuncia penal. "Al juez donde recayó el caso lo ascendieron a camarista, y a su hija la nombraron empleada municipal y la designaron secretaria del presidente del Concejo", denunció.

Antes de aseverar que la concesión "es un emblema de corrupción del Estado municipal socialista", el abogado dejó en claro que, así lo desean los concejales, sus representados están dispuestos a presentarse a dar explicaciones en el Palacio Vasallo. "Solo ponemos una condición: que se haga en forma pública y se invite a periodistas independientes a participar", concluyó.

Como el acuerdo reciente del municipio fue con los titulares de los bares y no con el concesionario, en el momento de su anuncio quedaron dudas sobre la utilidad de esas formalizaciones. Si bien para el oficialismo se trata de una cosa juzgada, Coyde piensa seguir presentando batalla.