Qué argumentan las empresas apuntadas por Nación por desabastecimiento

Luego de la información que reportó la Secretaría de Comercio Interior, que coanda Paula Español, donde plantea de textualmente que “a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”, desde algunas de las empresas mencionadas reaccionaron, en primer lugar negado que fueron “imputadas” tal cual reza el comunicado oficial.

El pedido enviado a las firmas está destinado a que “acredite de forma fehaciente ante esta Subsecretaría en el plazo perentorio de CINCO (5) días hábiles haber incrementado su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitre las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión de los productos mencionados precedentemente a los niveles efectuados en el período de noviembre 2020″. En cada caso, se hace referencia a determinados ítems.

“Nosotros estamos muy tranquilos. Les veníamos contando cuando tuvimos problemas de producción; algunos productos son elaborados por pymes, que en este contexto producen como pueden. Hay un tema que tiene que ver con priorizar la fabricación en un contexto donde hay plantas paradas y bajas de producción. Pero nosotros estamos produciendo al 100% de la capacidad. Es todo muy poco claro y muy político”, remarcaron en una de las compañías.

En otra explicaron: “Es un proceso administrativo que tenemos que contestar. No hay multa. En nuestro caso, son dos productos y se debe a cuestiones estacionales”.

“No se busca multar a las empresas, sino que vuelvan a producir”, aseguran en la cartera productiva. Tras la reunión hoy del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la investigación se inició por “comentarios” que les llegaron de desabastecimiento en algunos supermercados. “El problema no era en los supermercados, sino del abastecimiento”, continuó el ministro, quien agregó que “la imputación busca que esto no se vuelva a producir. Es una gran preocupación del Gobierno de que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”, apuntó. De cualquier manera, si el Gobierno quisiera avanzar con el proceso administrativo en algún caso, las multas podrían alcanzar los $10 millones.