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Política

Rige para las islas

Media sanción para proyecto que pone límites de uso a terrenos incendiados

La iniciativa prohíbe por entre 30 y 60 años el loteo de tierras que fueron objeto de quemas.

Por Redacción

La iniciativa prohíbe por entre 30 y 60 años el loteo de tierras que fueron objeto de quemas.

Con 132 votos positivos, 96 negativos y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados, dio media sanción este miércoles de madrugada, al proyecto de ley que busca desalentarlos incendios intencionales con fines especulativos.

 

El proyecto modifica la Ley 26.815 de manejo del fuego y prohíbe durante 30 años el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios u actividades de cualquier tipo que sean distintas al uso que esos terrenos tenían al momento del incendio.

 

Los detalles del texto

 

-La iniciativa de solamente 4 artículos y modifica el lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de superficies incendiadas.

 

-En el caso de bosques nativos de propiedad privada, la prohibición para lotear, edificar o desarrollar cualquier tipo de actividad productiva luego de un incendio se extiende hasta los 60 años.

 

El texto, que fue presentado en octubre en plena crisis por los incendios forestales reportados en más de una decena de provincias, llegó al recinto con las firmas de Máximo Kirchner y de los jefes del interbloque Federal Eduardo Bucca, de Unidad y Equidad Federal José Luis Ramón, de Graciela Camaño, Ricardo Wellbach, Luis Di Giacomo, Leonardo Grosso, Daniela Vilar, entre otros


 

Ley Yolanda

 

Finalmente, luego de una maratónica sesión de poco más de 20 horas, la Cámara de Diputados sancionó la denominada Ley Yolanda. Con 213 votos afirmativos, 1 negativo y 2 abstenciones, los legisladores aprobaron la iniciativa que ya contaba con el aval del Senado.

 

La Ley Yolanda busca garantizar “una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático” para quiénes trabajen dentro de los tres poderes del Estado.

 

El proyecto establece que se deberán capacitar en medio ambiente todos los empleados de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

 

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