Juez federal avanza sobre la trama internacional de firmas de Vicentin

La Justicia Federal de Reconquista irá hasta el hueso con la investigación por presunto lavado de activos por parte de la agroexportadora en default Vicentin. Luego que el juez Aldo Alurralde habilite el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de la compañía, el fiscal Roberto Salum avanzará con exhortos internacionales y otras medidas que intenten echar luz sobre una denuncia motorizada originalmente en Paraguay.

Aunque algo demorada respecto a una demanda análoga iniciada en Paraguay, este expediente promete ser el que determine si hubo o no un proceso de vaciamiento previo al ingreso al concurso preventivo.

La demanda promovida por el estudio Moyano y Asociados  ingresó inicialmente al juzgado de Julián Ercolini en Comodoro Py, pero éste se declaró incompetente para avanzar con todo aquello que no tenga relación directa con los créditos del Banco Nación. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos terminó definiendo su actual ubicación y ahora, prometen, no sufrirá más traslados.

Como primera medida, la fiscalía pidió el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Vicentin, que fue concedido esta semana por el juez Alurralde. Ahora la tarea investigativa se abocará a recolectar pruebas que certifiquen la conformación del grupo empresario. Con ese objetivo se pedirá una serie de exhortos internacionales, pero también algunas medidas contra algunas firmas del holding.

La denuncia de Moyano se basa en la supuesta existencia de sociedades no declaradas por la agroexportadora, que habrían servido para desviar fondos. Entre otras se mencionan firmas en Uruguay, Panamá, Estados Unidos y las Islas Vírgenes. Una comprobación de la hipótesis conduciría a la quiebra de Vicentin, porque habría ocultado esta información al momento de pedir su convocatoria, violando la Ley de Concursos y Quiebras, asegura el abogado denunciante.

Según pudo saber este medio, la Justicia Federal avanzará a través de una estrategía que definieron como de "círculos concéntricos", donde a medida que se compruebe la existencia de las firmas, se irá cruzando la información sobre su conformación y actividad con aquella que ya está en manos de la Justicia.

La hipótesis sobre la que se hamaca el expediente es que Vicentin se fue desprendiendo de empresas que a la postre terminaron escapando del concurso, y por lo tanto no podrían liquidarse para honrar las deudas de la agroexportadora. Generar prueba que pueda servir para un eventual juicio no es tarea sencilla y los tiempos pueden llegar a ser mucho más largos que los del concurso, ya de por sí extensos.

Así como tiene un diálogo abierto con algunos organismos nacionales -como la Unidad de Información Financiera (UIF)-, la fiscalía de Reconquista también tiene conexión con sus pares paraguayos que siguen el caso en el vecino país.

La actuación de Salum viene siendo seguida también por la comisión de diputados provinciales encabezada por Luis Rubeo, quien la semana pasada anticipó que en el marco de la causa asentada en el fuero federal de Reconquista se encontró un documento que podría probar la vinculación de las empresas del grupo, un pagaré de u$s 5 M firmado por los directivos de Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda -que pertenece al holding uruguayo Vicentin Family Group-.