Buscan para la láctea Sancor un camino diferente al de Vicentin

Tras la circulación de rumores sobre una posible intervención de la cooperativa láctea Sancor, ámbitos públicos y privados cercanos a la láctea salieron a revalidar un plan para fortalecer a la firma con fondos públicos y privados mediante la constitución de un fideicomiso, una opción que se cocina muy lejos de las controvertidas vicisitudes por las que atraviesa Vicentín.

La chispa la encendió la semana pasada Héctor Ponce, secretario general de Atilra que representa a los trabajadores del sector, cuando habló de “recuperar” a la firma con auxilio del Estado. Con el caso Vicentín como espejo, la referencia del sindicalista corrió como reguero de pólvora hasta que fue desalentada desde círculos gubernamentales: en Nación y Provincia no se habla de intervención ni de expropiación, sí de aportes para integrar un fideicomiso. 
 

Sancor vio mermada su capacidad productiva tras la crisis que determinó la venta de parte de sus activos al Grupo Adecoagro. Su producción diaria se ubica sobre los 600.000 litros, mientras las empresas líderes del sector procesan más de 3 millones de litros al día. La meta es llegar a procesar 1,5 millón de litros de leche dentro de un plazo de dos años, con la cooperativa ya saneada y más tecnología en la producción industrial.

La láctea viene aplicando un plan de saneamiento desde 2017, que incluyó la enajenación de algunos activos, reestructuraciones de personal y societarias. En cuanto a sus pasivos, avanzó con un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) con acreedores que aceptaron quitas de un 60% en las deudas. Recuperó además  una presencia comercial que había abandonado por imperio de la crisis y procura achicar los plazos de pagos a sus proveedores. Tiene una plantilla de 1.800 empleados y sigue trabajando para adecuar la estructura de personal, un proceso que incluye cortocircuitos con el gremio y comisiones internas. De hecho, por estos días tiene lugar una ríspida negociación paritaria con Atilra.

La reestructuración de la cooperativa se desarrolla en un escenario plagado de hostilidades. En febrero, poco antes de que atacara la pandemia, debió bajar las persianas de su usina en San Guillermo y reducir a su mínima expresión un centro de distribución en Buenos Aires. 

Se especula que el monto global de la deuda de Sancor suma $12.000 M, imposible de afrontar con el giro corriente. Y en ese punto es donde aparece la figura del fideicomiso. La jefatura de Gabinete pilotea las gestiones a través del Inaes, el organismo que atiende a la economía social. La idea es capitalizar a la cooperativa con aportes privados, mientras que el Estado podría hacer lo suyo por medio de la banca pública y merced a las deudas con la Afip, que es uno de los principales acreedores. 

 

El fondo de inversión Baf Latam Trade Finance, acreedor de SanCor y socio de Vicentin en Arsa (surgida en el desguace de la cooperativa) podría formar parte del fideicomiso y también estarían en la grilla dispuestas a participar firmas holandesas, pero habrá que ver cuál será la partitura que bajará para tocar el gobierno de Alberto Fernández. 
 

Operadores extranjeros irrumpieron durante el último cuarto de siglo en el mercado doméstico con dinero fresco y tecnología y vinieron a resolver quebrantos de firmas locales, hasta que en 2007 el expresidente Néstor Kirchner frenó la llegada del magnate George Soros a Sancor y la arrojó a un negocio con el venezolano Hugo Chávez, una aventura que terminó mal.