El proyecto de ART de Perotti permite cobrar indemnización e ir a juicio

El gobernador Omar Perotti envió a la Legislatura santafesina un nuevo proyecto de adhesión a la ley nacional de riesgos laborales. La iniciativa que ingresó el jueves 12 mediante el mensaje 4879 contempla un punto muy picante para los empresarios que vienen reclamando desde hace más de dos años por la regulación. Ocurre que brinda al trabajador la posibilidad de cobrar una indemnización de la ART determinada a partir del dictamen de una comisión médica, y al mismo tiempo accionar con una demanda ante la Justicia.

El proyecto que lleva la firma de Perotti y de su ministro de Trabajo Roberto Sukerman, propone la creación de una comisión para cada una de las cinco circunscripciones judiciales de Santa Fe y una más para la de Rosario. La comisión deberá expedirse dentro de un plazo de 60 días hábiles. Vencido ese plazo y en caso de que haya una definición el trabajador podrá requerir un pronunciamiento y esperar respuesta por 10 días hábiles más. Vencido este segundo plazo quedará habilitado para ir a juicio. 

Unos de los puntos del proyecto oficial que promete levantar polvareda es el “carácter devolutivo” de los recursos que se puedan interponer. “Esto permite el pago al trabajador de la liquidación de la indemnización que corresponda conforme al porcentaje consentido por la ART, independiente si recurre o no en caso de entender que existe una injusticia en la determinación de la indemnización”, se plantea en los considerandos de la iniciativa. 
Mantener la posibilidad de recurrir a la Justicia después de haber cobrado una indemnización es para los empresarios dejar la puerta abierta para que la llamada “industria del juicio” siga en pié. 

La provincia de Santa Fe  muestra una alta litigiosidad en materia de riesgo laboral respecto del resto de las grandes jurisdicciones de la Argentina. Testimonios de hombres de negocios cuentan que causas se arman de la noche a la mañana e incluyen a porciones importantes de los trabajadores de una fábrica, lo cual refiere al accionar de organizaciones que trabajan pasando el rastrillo por un plantel laboral y no a partir del reclamo puntual de un afectado. Esta “industria del juicio” -coinciden en señalar- afecta especialmente a pequeñas y medianas industrias con pocas espaldas para hacer frentes a las embestidas judiciales y son empujadas a la quiebra.

En otras jurisdicciones que adhirieron a la ley nacional el trabajador debe optar: puede ir a un juicio, pero si acepta la indemnización renuncia a esa posibilidad. Quienes defienden la doble vía sostienen que es inconstitucional que por medio de un trámite administrativo se impida el acceso a la Justicia. De todos modos y hasta ahora, la Corte Suprema Justicia ratificó en varios fallos la vigencia de la ley. 

En Santa Fe a mediados del año pasado obtuvo media sanción con el voto unánime de los senadores un proyecto de ley que impedía la doble vía, pero esa iniciativa se trabó en la Cámara baja. 

La presencia del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, el mismo día que Perotti presentó este nuevo mensaje ante la Legislatura, bien puede leerse como un golpe de timón del gobierno nacional con respecto a una ley que fuera un caballito de batalla de la administración Macri.