La justicia federal reabrió el caso del accidente de la exaerolínea Sol

Familiares de las víctimas de la tragedia de la exaerolínea Sol intentan reabrir un juicio que se llevó a cabo en Río Negro, en el cual se determinó la falta de mérito a los directivos de la empresa. 

Los damnificados efectuaron una presentación ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, y ese cuerpo dispuso la revocatoria del sobreseimiento en primera instancia a favor de Horacio Angeli, extitular de Sol y del grupo de turismo y bolsa Transatlántica, el gerente Danilo Alberto Pojmaevich, y el vicepresidente Juan Alberto Nyffenegger. 

Ahora deberá resolver sobre el expediente el juez subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, luego de que el juez que dispuso la falta de mérito, Leonidas Moldes, se acogiera a mediados de año a la jubilación. 

Zapata deberá resolver el planteo de la defensa para dar por extinguida la acción penal. Como los empresarios eran acusados de "estrago culposo" según el artículo 189 del Código Penal (CP), que tiene una pena máxima de 5 años, sus abogados pidieron cerrar el expediente.

Pero los familiares de las víctimas plantearon un cambio de carátula al artículo 190 segundo párrafo del código penal, que castiga al que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave que terminare con muerte, que tiene un máximo de pena de 25 años. En tal caso, el plazo de prescripción es de 12 años.

Los familiares de la víctimas piden al juez Zapata que reinterprete reinterpretar un informe final de la Junta de Investigación que intervino en la tragedia. El juez Moldes oportunamente sostuvo que más allá de las condiciones metereológicas del vuelo los pilotos habrían tenido inadecuada planificación, pérdida de conciencia, complacencia y un exceso de confianza, pero los querellantes denuncian responsabilidades de los directivos de la aerolínea, por haber dejado volar ese avión. 

Según publico el portal Tn.com.ar, en una nota que lleva la firma del periodista Agustún Ceruse, Gustavo Fernández, abogado de Marcela Bastit, viuda del piloto Juan Raffo, planteó ante la Cámara Federal: "El tribunal debió investigar la posible participación dolosa del delito tipificado en el artículo 190 segundo párrafo del Código Penal que castiga al que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave. Tiene un máximo de pena de 25 años cuando produjera muerte".

Por su parte Romina Barreto, letrada de Juan Carlos Ruiz, papá de la víctima Juan Manuel, ratificó el planteo: "Toda la investigación estuvo dirigida a determinar las causas técnicas e inmediatas del accidente, pero la verdadera causa es anterior al vuelo en sí. Esas circunstancias fueron perfectamente descriptas en el informe de la Junta de Investigación (Jiaac) que el tribunal pasó por alto: la aerolínea obligaba a los pilotos a volar una ruta no autorizada, que frecuentemente posee hielo, sin capacitar a los pilotos en hielo, pero, para el juez, la culpa es de la tripulación".