Milisenda desmintió relaciones non sanctas con Herme Juarez

No se hizo esperar la respuesta del sector empresario a la revelación realizada por Punto biz este miércoles, cuando dio cuenta de que la investigación que derivó en el procesamiento de Herme Juárez salpicaba a encumbrados hombres de negocios del Cordón Industrial.

La firma que salió rápidamente a contestar los argumentos vertidos en el auto de procesamiento fue Milisenda Servicios Portuarios SA, cuyo titular -Adrián Milisenda- aparece varias veces nombrado en las 269 fojas del informe firmado por el juez de Campana Adrián González Charvay.

Juan Carlos Greborio, accionista y director de la compañía, desmintió en diálogo con este medio que tengan un acuerdo con Herme Juárez, tal cual sospecha el magistrado luego de dar cuenta de diversas escuchas telefónicas. “No sólo niego eso, sino que tampoco es verdad que ellos nos hayan amenazado o extorsionado”, aseveró.

El nombre de Milisenda emerge varias veces en el documento judicial, principalmente a raíz de una denuncia que en 2011 interpuso la compañía contra la Cooperativa de Trabajadores Portuarios que lidera Juárez por abuso de posición dominante. Por el contenido de las escuchas, el magistrado entiendio que la denuncia se retiró luego de que Juárez interviniera para arreglar en los hechos lo que debía tramitarse en oficinas oficiales. 

“Esa denuncia nosotros la hicimos en 2011 por una cuestión comercial puntual sin apoyo de nadie. Posteriormente, a finales de 2018, y por cuestiones relacionadas con la estiba se sumaron a nuestra demanda Syap, Brajkovic y Murchison", especificó Greborio, y aclaró que la denuncia sigue vigente en el ámbito de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

A renglón seguido, el empresario reiteró que reiteró que “ellos (por la cooperativa) nunca nos pidieron nada ni nos han amenazado o extorsionado, ni ahora ni en el conflicto del 2011”. Respecto al posible pacto con Juárez -lo que se deriva de conversaciones entre los hombres de confianza del gremialista-, fue categórico: “Lo niego rotundamente, tanto que hayamos pagado como que hayamos pedido algo, en absoluto”, aseveró.

En otra de las escuchas, el gerente de la cooperativa Daniel Badía habló de los porcentajes del acuerdo, que tenían que ver con los servicios de estiba que se habían licitado en octubre de 2017: "70% nosotros y 30% el resto de todos los otros. El tema de los porcentajes fue algo arreglado de palabra con la Cámara de Puertos Privados y con el subsecretario de Vías Navegables que era Metz en ese momento", dijo.

Respecto a este último punto, Greborio aclaró que su empresa participa de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym) y no de la de Puertos Privados: “No nos consta que esta última haya arreglado ningún porcentaje. Por lo demás nosotros no somos integrantes de tal entidad”, finalizó.