De Reutemann a Lifschitz: ¿qué gobernador aumentó más la planta del Estado?

Uno de los puntos que está actualmente en discusión en el marco de la transición provincial es el pase a planta de contratados, un tema que siempre sobrevuela en los meses finales de gestión pero que ahora tiene el condimento extra del cambio de signo político. Para no violar la Ley de Responsabilidad Fiscal, es preciso que se sancione una ley y ello requiere de un gran acuerdo entre el Frente Progresista y el PJ.

Más allá de este debate coyuntural, bueno es revisar cómo fue la evolución del personal del Estado provincial durante los últimos períodos de gobierno. Según datos oficiales, es posible notar que desde 1991 a hoy la planta pasó de 86.799 a 140.465 personas, un crecimiento del 61,8% (por debajo de la evolución del empleo privado en la provincia, que fue del 76,1%, según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial de Nación).

A la hora de analizarlos individualmente, el gobernador que habilitó el mayor incremento fue Antonio Bonfatti: entre 2011 y 2015 subió un 17,8%, en lo que fue un período con escasa mejora en el sector privado (se movió un 3,66%). Hay que decir también que esos años coincidieron con una gran expansión del Estado nacional, que incorporó un 35,6% más de personal (datos de la consultora Fiel en base a números oficiales).

Por el contrario, la primera gestión de Jorge Obeid fue la que menos individuos incorporó: entre 1995 y 1999 la planta estatal creció un 2,3%.

En lo que respecta al actual gobernador Miguel Lifschitz, a diciembre de 2018 registraba 140.465 trabajadores, apenas un 1,6% más que al inicio de su gestión. Teniendo en cuenta que los gremios reclaman el pase de entre 1.500 y 2.000 personas, es probable que el próximo presidente de la Cámara de Diputados termine su mandato con guarismos similares a los del primer período de Obeid.

En Santa Fe rige la Ley de Responsabilidad Fiscal, que no permite aumentar el gasto corriente y permanente a seis meses de que una gestión concluya. Por ello es necesario que la efectivización del personal se haga mediante una ley de excepción, que debe tener el aval de las dos principales fuerzas políticas en la provincia.