Dictan intervención y nombran interventor en la cooperativa portuaria

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, firmó hoy la intervención de la Cooperativa de trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, cuyo titular Herme Juárez está detenido en Ezeiza y procesado por administración fraudulenta, lavado de activos y jefe de una asociación ilícita. Además, nombró como interventor al abogado porteño Juan José Schaer, de larga trayectoria en administración de recursos humanos y con experiencia en grandes empresas nacionales y multinacionales.

Según constan en la resolución, formalmente el pedido de intervención lo hace el Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) porque la investigación judicial "estaría mostrando que se ha constatado que se habría llevado a cabo un uso indebido de los recursos con los que cuenta la entidad, ya que el fin perseguido no fue prestar servicios a sus asociados ni contribuir al bienestar y progreso de la comunidad en la que se encuentra inserta, sino obtener un provecho mal habido por parte de sus autoridades".

González Charvay tomó la decisión pese a que, luego de las detenciones y procesamientos, se había declarado incompetente en la causa que giró a los tribunales federales de Rosario. "El pedido de intervención judicial por parte del INAES se ha realizado en el marco de la causa principal, en trámite ante este Juzgado a mi cargo, y con motivo del resultado de la investigación allí llevada a cabo e informada mediante sendos oficios al Instituto peticionante. Es decir que, el presente requerimiento se efectúa ante este Juzgado como consecuencia lógica de lo acontecido en la causa de origen y por el grado de conocimiento que se tiene al respecto", justifica el magistrado.

El juez también justifica la decisión de intervenir la cooperativa y nombrar el interventor antes de que la causa empiece a ser analizada por el nuevo juez (sería Carlos Vera Barros) en que "frente a la situación extrema y urgente que se advierte por ser dicha Cooperativa la única que prestaría servicio en el puerto San Martín, importando ello la posibilidad cierta de generar inactividad del mismo como la de perjudicar el normal desenvolvimiento de la actividad de los trabajadores y cobro de sus  sueldos".

En cuanto a los alcances de la intervención, "el INAES pretende realizar las acciones necesarias para el saneamiento de la operatoria de la entidad y el retorno de la misma a su normalidad institucional, como así también salvaguardar los derechos de los socios, garantizando el cumplimiento del objeto social de la cooperativa en pos de no interrumpir ni entorpecer el trabajo que efectúan diariamente los mismos. En razón de ello y la urgencia del caso, corresponde en principio asumir el tratamiento de la intervención judicial solicitada en el marco de las investigaciones penales llevadas a cabo, en las que el suscripto ha intervenido en modo prevencional".

La intervención será por 6 meses y a los 30 días el interventor, que tendrá la administración plena de la Cooperativa, deberá presentar un informe. En concreto, su misión será normalizar la institución manteniendo la continuidad de los servicios. El juez también intervino la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo, que conduce un hermano de Juárez y en la práctica era una subsidiaria de la de Puerto San Martín y una mutual que también depende Herme.

Finalmente, no pasa desapercibido en ámbitos empresarios que el interventor no sea de la región y que tampoco provenga del sector portuario.