Fuente: Mariano Galindez (punto biz)
Por Redacción
Reuniones esta tarde. Intervienen altas autoridades del gobierno nacional.
El gobierno nacional apura para las próximas horas la definición de la persona que se hará cargo de la intervención judicial a la cooperativa de trabajadores portuarios de Puerto General San Martín, cuyo líder el cacique sindical Herme Juárez está detenido y procesado por delitos económicos.
Según pudo saber Punto Biz el tema se va a definir en altas esferas de la propia Casa Rosada luego de que operadores políticos de la Presidencia estuvieran sondeando en las últimas horas distintos candidatos a ocupar para llevar adelante la intervención.
Entre algunos de los nombres sondeados aparecen ex legisladores oficialistas, sindicalistas cercanos al gobierno, empresarios del sector portuario y hasta un asesor de Terminal Puerto Rosario (TPR). Decidido el nombre, luego el pedido de intervención se redactaría desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que también participa en las conversaciones y que también analiza nombres para elevarlo a la Justicia como interventor.
Por su parte, los ejecutivos de las agroexportadoras regionales, que también fueron sondeados por operadores políticos en busca de candidatos, prefieren que el interventor tenga conocimientos y experiencia en los muelles como para poder, al tiempo que normaliza la actividad institucional y financiera de la cooperativa, mantenerla prestando servicios normalmente.
Tanto el anuncio que hizo ayer la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de que la cooperativa será intervenida, como las gestiones de funcionarios para la elección del interventor muestran la activa participación del gobierno nacional en toda la embestida contra Juárez. Formalmente, es la Justicia la que tiene que designar el interventor, a pedido del Inase, y hasta ahora no se informó qué juez federal de Santa Fe se hará cargo de la causa luego de que el magistrado de Campana, Adrián González Charvay,que inició las investigaciones, hizo las detenciones y trabó los procesamientos, se declaró incompetente en la investigación. Extraoficialmente, el caso lo tomaría el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros.
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