Salió muy caro estatizar y romper contratos con empresas privatizadas

U$s1.036 M se fueron del país por juicios perdidos. El monto es consecuencia de fallos a favor de distintas empresas que invirtieron en la Argentina y por distintos motivos plantearon sus reclamos en la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.

Los juicios perdidos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que se pagaron durante la administración del presidente Mauricio Macri suman un total de u$s1.036 M, según informaron fuentes oficiales.

Es a consecuencia de fallos a favor de distintas empresas que invirtieron en la Argentina y por distintos motivos (expropiaciones, incumplimiento de contratos) plantearon sus reclamos en el Ciadi, que es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.

Los fallos que, de acuerdo a las fuentes, ya fueron cancelados en dólares durante esta administración son los siguientes: British Gas (186 millones), Central Costanera-Gasoducto del Pacífico (52 millones), Central Puerto-Hidroeléctrica Pïedra del Aguila-TGN (311 millones), Edemsa Mendoza (170 millones), Suez-Aguas Argentinas (317), lo que hace un total de u$s 1.036 millones.

Otra cifra preocupante es la deuda por uS$841 millones por fallos desfavorables, con sentencia firme que aún no se saldaron, entre los cuales se encuentra el reciente a favor del Grupo Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

Con sentencia firme, aparecen los siguientes casos: ABSA (35 millones), Aguas de Mendoza (65 millones), Exxon Mobil por áreas petroleras en Neuquén y Salta (196 millones) y Grupo Marsans (320 millones) y Aguas de Santa Fe (225 millones). Cuando se produjo esta última estatización, el por entonces gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, dijo allá por 2006: “Los vamos a dejar en calzoncillos”. 

El caso más reciente es el de Aerolíneas Argentinas, expropiada al grupo español Marsans en 2008, que dejó un saldo negativo de u$s 320 M tras el laudo dictado por el Ciadi en 2017 y ratificado por el tribunal arbitral a mediados de mayo.