Incertidumbre y desinteligencias por la nueva ley de promoción a tecnológicas

El pasado 12 de marzo el presidente Mauricio Macri presentó públicamente un proyecto de ley con incentivos y beneficios para las más de 10 mil empresas que forman parte de la Economía del Conocimiento. Pero a más de dos semanas de ese anuncio, la iniciativa no sólo no llegó al Congreso sino que la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados empezará a tratar hoy proyectos de prórroga de la ley de promoción de software que vence en diciembre de este año, norma que –técnicamente- debería dejar de regir ya que los beneficios fiscales para el sector quedarían comprendidos dentro de la nueva ley. Semejantes desinteligencias entre el Ministerio de la Producción y los legisladores generan incertidumbre y temor entre los empresarios tecnológicos de que, en un contexto de exigencias de austeridad fiscal por parte del FMI, la industria del software pierda el régimen de promoción impositiva que hoy dispone.

En 2004 empezó a regir la ley de promoción del software, con importantes descuentos en Ganancias y Aportes Patronales.  El sistema fue un éxito ya que las  empresas adheridas emplearon 3,4 veces más trabajadores, vendieron 6 veces más y exportaron 5 veces más que las no adheridas. Con la llegada del nuevo gobierno, y fiel a su impronta de representar “la nueva economía” se abrió el grifo y de unas 200 firmas adheridas se permitió el ingreso de otras 200 más, incrementando así el costo fiscal y llamando la atención de los técnicos del FMI, cuando volvieron a Argentina.

Luego del traspié que generó la crisis financiera del año pasado y el achique de las áreas oficiales encargadas, el gobierno volvió a la carga con la presentación del proyecto de ley, que además de basarse en el antecedente de la ley de software, que vence en diciembre, incluye además de las tecnológicas otros sectores como el de la bioeconomía, la robótica, los servicios profesionales (contables y legales) y las producciones audiovisuales.  El proyecto, en líneas generales, mantiene el espíritu del régimen actual en materia de beneficios fiscales, y por eso encolumnó a las empresas del sector. Además, tiene mejoras en la inclusión de las microempresas.

El problema que tiene en frente es, básicamente, de técnica legislativa.  Es que al abarcar tantos sectores la reglamentación puede llevar mucho tiempo y nadie asegura que se llegue a diciembre, cuando todavía ni ingresó el proyecto al Congreso. Además, su costo fiscal puede generar debate en las Cámaras, sobre todo porque será una ley que regirá para el próximo gobierno. Y también en la reglamentación ya que Afip debe participar; estando todos además bajo la mirada del FMI y Hacienda que buscan contener gastos. Y ni que hablar si la ley no fue aprobada y las Paso no resultan bien para el gobierno. ¿Quién le pondrá el hombro a una medida que podría empezar a regir en una administración de otro color?

Es por eso que la decisión de la comisión de Comunicaciones de empezar a tratar hoy proyectos de prórroga a la ley de software aporta más incertidumbre. ¿Señal de que la nueva ley no va a caminar o falta de coordinación en la gestión oficial? Y las dudas se incrementan porque la comisión es presidida por el legislador cordobés Juan Fernando Brugge, del sector del gobernador Schiaretti, grupo que, según el gobierno le aseguró a los empresarios, iba a apoyar la nueva ley, pero que ahora se dispone a tratar otra cosa.