Con su nuevo status, el aeropuerto le abre la puerta al empleo privado

A través del decreto 3.642 el gobernador Miguel Lifschitz habilitó el tratamiento de 34 proyectos de ley en el marco de las sesiones extraordinarias de la Legislatura provincial. Uno de ellos es el pedido de autorización para la transformación del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) en Sociedad del Estado, un tema que no está exento de polémicas ya que pone blanco sobre negro sobre dos aspectos que ya generaron chispazos: el régimen laboral de los empleados y la conformación del directorio.

Respecto al primer punto, el artículo 6 del proyecto redactado por la Casa Gris estipula que la relación del personal de la aeroestación "puede ser público y/o privado", previendo que tanto en uno u otro caso podrá la futura sociedad acordar con las organizaciones gremiales un convenio colectivo "acorde a la actividad y sus especificaciones". El tópico laboral generó a fines de 2017 una protesta del cuerpo de trabajadores de la terminal aérea, quienes se habían declarado "en estado de alerta y movilización" por la incertidumbre que generaba el cambio de figura jurídica.

Consultado por Punto biz, el presidente del directorio del AIR Matías Galíndez aseveró que el objetivo del gobierno santafesino es llegar a un modelo "similar al de Aeropuertos Argentina 2000", el cual en su convenio tiene los dos regímenes.

"Nosotros vamos a sostener los derechos y garantías de los trabajadores que hoy forman parte del aeropuerto y que todos aquellos que luego se vayan incorporando puedan ser parte de un régimen privado", indicó el funcionario, en sintonía con lo que había expresado oportunamente el secretario de Transporte provincial Pablo Jukic.

En otro artículo el proyecto oficial versa sobre la composición del directorio. En este sentido plantea un esquema de tres directores (uno de los cuales ejercerá la Presidencia), todos designados por el Poder Ejecutivo, sin aclarar sobre la procedencia (ni sectorial ni territorial) de los mismos. Algo distinto de lo que sucede, por ejemplo, en los entes portuarios, donde los consejos directivos incluyen representantes de las distintas actividades vinculadas a la temática.

Lo expresado en el texto echa por tierra la idea de que Funes tenga un lugar en el organismo, idea que viene siendo motorizada tanto por la empresaria local como por concejales y que incluso se plasmó en un proyecto de ley del diputado provincial Roberto Mirabella. "No debería haber ningún director en representación de un sector o jurisdicción", opinó categórico Galíndez.

Uno de los principales argumentos que esgrimen los defensores del lobby funense era que al estar el aeropuerto parte en su territorio y parte en Rosario, resultaba inadmisible que el municipio rosarino fuera el único que tuviera su lugar, algo que se venía dando por más usos y costumbres que por una cuestión formal. En su actual composición, Galíndez es el único que viene del ámbito público, ya que los otros dos directores (Carlos Cristini y Adrián Corvini) tienen mayores antecedentes en la actividad privada.