Cuadernos de las coimas: fiscales piden detención para Padoán y Rocca

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron el martes la decisión del juez Claudio Bonadio en la que procesó sin prisión preventiva al presidente, en licencia de la Bolsa de Comercio de Rosario y accionista líder de Vicentín, Alberto Padoán, por asociación ilícita y pago de coimas a exfuncionarios K.

Ambos pidieron que el procesamiento de Padoán sea con prisión preventiva, lo mismo que para el CEO de Techint, Paolo Rocca, el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, su exsecretario privado, Martín Larraburu, y el empresario Rubén Aranda.

De acuerdo a la resolución de los fiscales se comprobó que los imputados "convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado con el objetivo de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".

Según consta en el expediente judicial "Alberto Ángel Padoán participó ordenando las siguientes entregas de dinero, por el 'Grupo Agroindustrial Vicentin', a Nelson Lazarte (mano derecha de Roberto Baratta), las cuales se llevaron a cabo en la calle Presidente Luis Sáenz Peña 1074 de esta ciudad: a) el día 16 de septiembre de 2013 se le hizo entrega de quinientos mil dólares (U$D 500.000) y b) el día 16 de junio de 2015 se le hizo entrega de un millón de dólares (U$D 1.000.000)".

Es por esto que el juez federal Bonadio decretó el procesamiento sin prisión preventiva de Alberto Padoán, en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación de dádivas. Además, trabó un embargo sobre los bienes y dineros de Padoán por $4.000 M. El monto del embargo es el mismo que se le está trabando a todos los procesados de la causa y pesa sobre todo tipo de bienes hasta cubrir esa suma. Un dato que complica al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y accionista de Vicentín, es el registro de 42 llamadas de su celular al de Roberto Baratta, mano derecha del exMinistro de Planificación Julio De Vido y una comunicación al despacho presidencial.

El poderoso CEO de Techint Paolo Rocca había sido procesado en esta causa acusado de entregar dádivas para destrabar la situación de la empresa Sidor en Venezuela. En la causa ya estaba procesado Luis Betnaza, director de la compañía, y quien estuvo a cargo de los pagos a exfuncionarios kirchneristas para que intercedieran ante el gobierno de Hugo Chávez por la estatización de la empresa que forma parte del conglomerado.

Stornelli y Rívolo explicaron: "Se ha probado(…) que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público. Se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada". Agregaron que "por el contrario, muchos de ellos se valieron y habrían usufructuado los beneficios ilícitos que apareja la pertenencia de esta estructura criminal, en pos de sacar provecho del pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios". 

En su resolución, los fiscales hablan de un "emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada".