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Judiciales

Gran Estafa Inmobiliaria

Jueces rechazan arreglo con la Fiscalía para sobreseer a empresarios

E fallo que involucra al gerente de La Capital cuestionó con dureza la actuación del Ministerio Público de la Acusación. 

El tribunal que entiende en la megaestafa que estalló en Rosario en octubre de 2016 rechazó la aplicación del denominado criterio de oportunidad y el sobreseimiento del gerente del Diario La Capital, Pablo Abdala y del agente de Bolsa, Jorge Oneto, en el caso que investiga el arrebato de propiedades por medio de la adulteración de escrituras públicas y operaciones de lavado de dinero para realizar esos bienes. 

 

Un tribunal integrado por los jueces Héctor Núñez Cartelle, Hernán Postma y José Luis Suárez determinó ayer sobre el expediente 511 TZ peticionado por el fiscal Sebastián Narvaja y Abdala, rechazando por mayoría y con argumentos que cuestionan en duros términos el planteo impulsado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Suárez votó en disidencia. 

 

A partir de instrucciones del fiscal regional Patricio Serjal, el fiscal Narvaja había planteado el mes pasado ante el tribunal la aplicación del criterio de oportunidad para cerrar los casos de Abdala y del agente de Bolsa Jorge Oneto. En esa presentación, el MPA privilegió el resarcimiento económico a la víctima, -Ana Josefina Luppi,  dueña de un campo de 124 has. ubicado en la localidad de Villa Amelia-  por sobre la prosecución de las acciones de la Justicia hasta la última instancia,  y a pesar del alto grado de exposición pública que habían tenido los acontecimientos. 

 

El que llevó la voz cantante en el pronunciamiento fue el juez Cartelle, que impugnó la aplicación del criterio de oportunidad en base a los siguientes considerandos: 

 

- No puede aplicarse el criterio de oportunidad basado en un principio "político utilitario", toda vez que la regla de "legalidad" prohíbe en principio la renuncia al ejercicio de la persecución penal, o el desistir de una acción penal.

 

- Una vez que el tribunal fue investido del conocimiento del hecho punible, no puede sustraerse al ejercicio de su función; tiene el deber de pronunciarse de acuerdo con la ley, cuyo mandato resulta inexcusable; no tiene potestad para indultar o perdonar.

 

- Si bien el Código Procesal Penal permite arreglos, ello no implica que la actividad del Tribunal se enmarque en “una simple actitud homologadora”. Debe existir una razonabilidad adecuada y convergente con el grado de incidencia de las evidencias en la acusación que sostenga la fiscalía.

 

- Si el fiscal no formula acusación alguna el tribunal absuelve, pero en este caso la fiscalía mantuvo la acusación contra todos los imputados.

 

-Impugna la postura del fiscal cuando  por orden de su superior jerárquico provoca un corrimiento de su posición inicial para interpretar que el interés público ya no está en juego y pretender la convalidación del tribunal. 

 

- Cuestiona que se pretende convertir al tribunal en homologador de un acuerdo para resarcir a una de las víctimas desconociendo conflictos de intereses que aparecen entre los involucrados. 

 

- Plantea que resulta insostenible que la misma Fiscalía que pidiera una penade cuatro y cuatro años y medio de prisión para cada uno de los imputados,
luego "mutatis mutandis" renuncie a ese impulso y por "cuestiones de política criminal" ya no le interese la persecución de la causa.

 

- Objeta que apoyándose en una resolución interna del fiscal regional, se pretende atribuir al MPA facultades para determinar cuando está en juego el interés público y cuando no.

 

05.09.2018 00:43 | Fuente: Punto biz

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