Fallo judicial pone en jaque a la cooperativa eléctrica de Venado

La Justicia de Venado Tuerto finalmente habilitó a la cooperativa eléctrica a realizar un postergado aumento de la tarifa, que estaba frenado por una medida cautelar desde abril. Sin embargo, desestimó que el mismo se otorgue de manera retroactiva a febrero (fecha en la que se decretó), por lo que la entidad deberá absorber la diferencia entre lo que pagó a la EPE y lo que debería haber cobrado a los usuarios. El desafasaje ronda los $50 M y según aseguran desde la firma "está en riesgo la prestación del servicio".

El fallo de la jueza de Primera instancia Civil y Comercial 1ra Nominación Venado Tuerto María Celeste Rosso se conoció esta semana y da por culminado el conflicto, al menos hasta que sea revisado por una instancia superior. El centro de la polémica está en que reconoce el ajuste a partir de julio, fecha en la que se realizó una audiencia pública, pero lo deja sin efecto en los 6 meses anteriores.

En diálogo con Punto biz, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT) Ademar Aznar aseguró que la medida "coloca a la entidad en una situación financiera complicada", ya que debe enfrentar una diferencia de $50 M que "pone en riesgo la continuidad de la prestación del servicio".

"Desde comienzos de año estamos comprando la energía a la EPE con nuevos valores pero resulta que tenemos un cepo judicial que por 6 meses solo nos permite cobrar la tarifa vieja", reflexionó Aznar.

Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores Unidos (UCU) de Venado Tuerto -entidad que patrocinó el reclamo- José María Conzoli celebró que se le haya dado respuesta "a los más vulnerables de la ciudad", al tiempo que subrayó que "no puedo achacarle al usuario la responsabilidad de una gestión".

"Esta situación de asfixia financiera que denuncian desde la cooperativa tiene que ver con una cuestión de gestión que va más allá de la situación del aumento. Podrían haber optado por llamar a una audiencia pública cuando salió la cautelar, pero eligieron otras opciones, los tiempos fueron pasando y ahora nos encontramos con esta resolución", aseveró Conzoli.

Consultado por este tema, el presidente de la cooperativa volvió a esgrimir lo que ya había expuesto meses atrás, respecto a que la normativa local solo obligaba a realizar la audiencia en los casos que haya aumentos propios de la entidad, y no cuando sea un mero traslado de costos.

"Estamos viendo los pasos a seguir. Confiamos en el diálogo con los dirigentes locales para que prime la cordura y juntos encontremos una solución que permita salir adelante de esta situación", aseveró Aznar, quien en la semana había sostenido que entre otros aspectos se está analizando el tratamiento de un nuevo contrato de concesión (la actual vence en 2021).

A propósito de ello Conzoli destacó que "sin dudas" el contrato vigente debe ser revisado, en función de la puesta en marcha del nuevo Código Civil y Comercial, "que marcó un cambio de paradigma que obliga a revisar algunos aspectos, como por ejemplo la falta de un organismo de contralor por parte de los usuarios".