Avanzada para frenar la industria del juicio

Cuando en 2010 el cepo a las exportaciones de carne obligó al Grupo Mattievich a cerrar dos de sus frigoríficos, sus directivos no intuyeron que lo peor aún estaba por venir. La masa de trabajadores desocupados se convirtió en un caldo de cultivo para caranchos y en poco tiempo la firma se encontró con 1.000 demandas, y se generó un perjuicio que sólo pudo ser desactivado -al menos en parte- luego de varios años de gestión y gastos. En el medio, por la alta litigiosidad que lo estaba acosando debió soportar una cuota de ART equivalente al 40% de la masa salarial en las plantas que mantenía en actividad hasta que la Superintendencia de la Nación dispuso que no se puede cobrar más del 20% al sector manufacturero. Es que la lógica de las ART responde a las reglas generales del negocio asegurador: un crecimiento de la siniestralidad repercute en el valor de las contrataciones, generando estrés financiero en las empresas. Como dato, el sistema en sus inicios cobraba cuotas del 4%, pero por la avanzada de la industria del juicio la mayoría de las empresas de Santa Fe paga hoy entre el 14% y el tope del 20%. La solución que se le encontró a nivel nacional fue la nueva Ley de ART, que frenó con la embestida judicial, pero a la cual la administración socialista todavía no adhirió argumentando que primero debía garantizarse el armado de más comisiones médicas, ya que en la actualidad sólo hay una en Rosario, para que no se dificulte el acceso a los derechos de los trabajadores. Esa propuesta desde el vamos tuvo el apoyo de los industriales, ya que era compartido el diagnóstico que los trabajadores no rosarinos se les complicaría acceder a la Comisión. El problema en Santa Fe es que la interna política metió la cola ya que en vez de replicar la “salida cordobesa” de adherirse y dejar la aplicación en suspenso hasta que el gobierno nacional habilite más Comisiones Médicas, un trámite que duró cuatro meses, la Provincia primero quería que se abran las Comisiones y la Nación que primero Santa Fe se adhiera. En el medio, pasó más de un año y las empresas de Santa Fe pagan 30% más de cuota de ART que sus pares de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos, al tiempo que los tribunales provinciales se atestaron de casos “importados” de las otras provincias que le cerraron las puertas a la industria del juicio. Lo cierto es que el socialismo recibió el impacto y los legisladores tomaron nota de la dimensión del terrible problema que es para las industrias soportar altos costos de ART y juicios laborales, y por eso todo indica que el tratamiento de la adhesión a la reforma por parte de la Legislatura está al caer. Sin embargo el límite es este año, porque el 2019 las elecciones paralizarán todo tratamiento polémico.

Esta es la nota de tapa de la última edición de la revista Punto Biz, que también incluye una entrevista a Alberto Grimoldi, el titular de la fábrica de calzado, que asegura: “Tras la corrida, están empezando a mejorar las expectativas empresarias”.

En Agrobiz, un análisis sobre la rentabilidad del tambo, que se achicó al máximo y complica la reconversión técnica. Y en Hábitat, la vuelta del inversor inmobiliario, al cual los desarrolladores lo tientan tras la baja de créditos hipotecarios.

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