Un escribano es la punta del ovillo de mega estafas inmobiliarias por $500 M

La venta de un inmueble de una persona fallecida en Venado Tuerto aparece como la punta del ovillo de una serie de fraudes inmobiliarios por $ 550 M que tienen como rasgo común la intervención de un escribano, Ángel Emilio Moreale, que figura en los registros de la segunda circunscripción santafesina.

Según relataron a Punto biz fuentes del Ministerio de Justicia provincial, este profesional -oriundo y con base de operaciones en la ciudad de Armstrong- "aparece en todas las denuncias de estafa en el sur provincial", las cuales suman cerca de 30 ilícitos por un volumen total de $500 M.

Si bien el caso que tomó estado público hace pocas horas es de un bajo monto (las operaciones no superan los $300.000), sobresale por el modus operandi. Según consta en la denuncia formulada por el Secretario de Gestión Pública Matías Figueroa, Moreale autorizó en diciembre de 2016 la venta de un lote de 26,74 por 97,5 metros ubicado en calle Laprida de la ciudad de Venado Tuerto, cuyo propietario había fallecido el 10 de junio de 1987. El monto de dicha operación fue de $150.000.

Quien aparece como comprador del inmueble es José Luis Mir, un empresario venadense que figura como titular de la firma Cloruro Industrial SRL (especializada en la producción y comercialización de productos de limpieza), quien no tiene los mejores antecedentes: entre 2013 y 2014 fue denunciado penalmente por lucrar con fondos de la Federación de Cooperadoras del Departamento General López, entidad en la cual ejercía el cargo de Secretario General.

Mir vendió en abril de este año la propiedad por un monto de $280.000 a un arquitecto de la ciudad de San Gregorio a través de una escritura autorizada por una escribana rosarina (según los investigadores actuó de buena fe) quien hizo ingresar el trámite por Mesa de Entradas del Registro General de la Propiedad el 2 de mayo último. Fue a raíz del entrecruzamiento de datos en el organismo que se detectaron las irregularidades antes descritas, lo cual llevó a la conformación de un expediente interno en junio, el cual sirvió como base para la denuncia presentada por Figueroa, ingresada el pasado 23 de julio.

“Como consecuencia de las denuncias penales que fuimos presentando de oficio se produjeron allanamientos y otras medidas procesales; ahora esperamos que la justicia pueda avanzar cuanto antes en las respectivas imputaciones para evitar la impunidad”, exhortó el funcionario provincial.