Oficinas en hospitales y promotoras en fábricas: así se mueve la industria del juicio

Un industrial de la zona norte recorría los pasillos de un sanatorio de medicina laboral y se encontró a una amiga abogada. "¿Qué hacés acá", le preguntó. Para su sorpresa, la profesional le contó que el estudio para el que trabaja tiene una suerte de "guardia permanente" en el efector.

Pseudo oficinas en centros de salud, patrullaje permanente en la salida de las fábricas, cartelería pública y hasta tarjeteras al mejor estilo boliche bailable. Éstas y otras estrategias son las que utilizan los caranchos de la industria del juicio, un flagelo que viene azotando a los empresarios santafesinos desde hace más de 20 años.

Aunque suele circunscribirse el término "carancho" a los abogados, lo cierto es que en este oscuro entramado participan también otros profesionales, como médicos, peritos y hasta empleados de las propias ART. Hasta existe una frase en la jerga que involucra a todos: "Limpiar la cartera". Se utiliza cuando letrados, funcionarios judiciales y personal de la ART se ponen de acuerdo en redondear un porcentaje de incapacidad a un grupo de trabajadores, fijar una suma de dinero y cancelar el paquete de reclamos.

"En la puerta de la fábrica aparecían promotoras repartiendo tarjetas", contó un experimentado metalúrgico del cordón industrial, que denunció la existencia de estudios que "hacen uso y abuso del derecho, porque se han encargado de difundir que como el juicio es a la ART no afecta a la empresa".

La aseveración que no habrá afectación de la salud financiera del empleador es una de las claves del discurso para colocar los juicios. A partir de allí comienza un juego de seducción que introduce a los trabajadores en una suerte de telaraña: se interiorizan sobre su salud y los convencen que por ciertas dolencias -que muchas veces tiene poco o nada que ver con las labores diarias- les va a corresponder una determinada suma de dinero.

Otro viejo industrial de Villa Gobernador Gálvez explicó que en su fábrica tenía un empleado que iba militando la causa puertas adentro: “Charlaba con el resto y los llevaba con un grupo de gente que tenía absolutamente todo armado: primero iban con un abogado que no era abogado, luego con un médico que no era médico, y cuando llegaba la demanda aparecía un profesional que sí era abogado pero que hasta ahí jamás había aparecido", relató, y renglón seguido comentó: "Hacen un desastre, no entiendo como no la pueden ver".

Este lunes se reanudó la actividad judicial en la provincia y los caranchos -como cada mañana- estaban al pie del cañón. "Llegué a Tribunales y adelante mío había un empleado de un estudio con un carrito lleno de expedientes. Todos contra ART", describió un letrado que aboga por las empresas en el fuero local. Y también afirmó que existe una suerte de mercado secundario, porque las carteras de pleitos se consolidan y se venden.

Así, con una variada carta de estrategias, los caranchos se mueven como peces en el agua, ofreciendo una salida rápida a los trabajadores, que se enganchan convencidos de no hacer ningún daño a sus patrones. En el medio quedan los pequeños y medianos industriales, rehenes de un negocio que mueve $31.500 M anuales sólo en honorarios de abogados y reconoce a Rosario como capital nacional.