Contratista de una megaobra en guerra con intendentes por el pago de tasas

Como si no faltaran elementos en la coyuntura económica para demorar la obra pública, ahora la política metió la cola para dilatar la ejecución del esperado gasoducto lechero, que ampliará este servicio a 34 mil hogares del centro santafesino.

¿Qué pasó? Con la promesa efectuada por autoridades del gobierno nacional de que iban a encontrar "predisposición" de los gobiernos locales, la UTE encargada de realizar la obra -perteneciente al grupo al grupo Pampa Energía- se niega a abonar las tasas que reclaman las administraciones locales.

El conflicto ya escaló a punto tal que la semana pasada un presidente comunal se presentó personalmente en el frente de obra y ordenó la paralización de los trabajos. En Rafaela, en tanto, la disputa está en el Concejo, donde la bancada macrista presentó una propuesta para eximir del pago de $6,8 M a la empresa.

"Aquí claramente interviene la política partidaria. Nosotros presentamos una propuesta para que haya un trato igualitario al que se hizo, por ejemplo, a los contratistas del Procrear en 2012", sostuvo en diálogo con Punto biz el concejal rafaelino Hugo Menossi (Cambiemos).

El edil comentó que desde la firma se comunicaron con su bloque tras no recibir una respuesta favorable desde el Ejecutivo, que lejos de mostrar voluntad para con la empresa, ya hizo público el monto que debe pagar en concepto de tasa de Verificación e Inspección.

Fue el presidente comunal de Bella Italia Héctor Perotti (el mismo que mandó a detener la obra) quien reprodujo la visión de la empresa. En diálogo con la prensa local mencionó que "dicen que no les corresponde pagar porque les prometieron que los municipios y comunas iban a colaborar con la empresa, aseguran que desde el Ministerio de Energía les dijeron eso".

Más allá de descartar de plano la posibilidad de eximir a la empresa del pago de tributos locales, Perotti abrió las puertas para una negociación "porque nosotros no queremos parar la obra".

No es la primera vez que la letra chica del gasoducto genera polémica: a principios de 2017 el gobierno santafesino había protestado porque el último tramo del gasoducto aún no contaba con una fuente de financiamiento. Sin resolver esa inquietud, el gobierno nacional avanzó con la licitación, que adjudicó a fines del año pasado a la UTE conformada por las empresas Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Sacde, con una inversión cercana a los $ 1.300 M. Ambas firmas pertenecen al grupo Pampa Energía, que lidera el empresario Marcelo Mindlin.