Final amargo para el último ingenio azucarero santafesino

El Ingenio Las Toscas, ubicado en el departamento General Obligado, no despertó el interés de ningún inversor: el pasado 9 de mayo se llevó adelante en Buenos Aires la subasta del que es el último emprendimiento dedicado a la producción de azúcar en Santa Fe, pero quedó desierta. Ahora, prácticamente no hay tiempo de adecuar las instalaciones y no podría realizarse la molienda, dejando más de 2.000 hectáreas sin cosechar, en lo que significaría la defunción definitiva del cultivo de caña en el norte santafesino.

A partir del cierre del ingenio Arno de Villa Ocampo, hace algunos años, la industria tosquense era la única capaz de moler las escasas 2.500 hectáreas de caña que subsisten en el norte provincial, según resaltó el diario El Litoral en un informe. De no existir esta opción, los productores abandonarían el cultivo, migrando probablemente al algodón, situación que se tornaría definitiva por los altos costos que implica sembrar campos nuevos con caña.

La subasta había sido pautada por la martillera pública Patricia Fra Amador, con una base de $ 21.457.200, en el marco de la quiebra de la firma Masaro S.A, propiedad de Vicente Farfaglia, que lleva adelante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 3 a cargo del Dr. Jorge S. Sícoli. 

Al no presentarse oferentes, el proceso obliga a una nueva convocatoria dentro de los próximos 10 días sobre una base del 50% de la inicial o al mejor postor. Fuentes cercanas al proceso indicaron que habría interesados en las instalaciones, pero en función del proceso estarían especulando con la dilación del mismo para comprar a un precio menor.

Pero prácticamente ya no hay tiempo para realizar los trabajos de adecuación necesarios del ingenio, que demandarían unos 45 días, para iniciar la zafra a principios de junio.

Antes de la quiebra, el ingenio era administrado por la firma Romelio H. Snaider, que con un contrato por 10 años ya había realizado siete zafras y una inversión en maquinaria superior a $ 30 millones. Sin embargo el juez de la causa determinó a comienzos del año que debían desalojar las instalaciones, situación que dejó sin empleo a más de 200 obreros que debieron ser indemnizados.

“La actividad ya no es rentable. El precio no ayuda”, sostuvo a El Litoral Elvio Lovisa, del Centro Experimental Tacuarendí del Ministerio de la Producción, en un intento por resumir la génesis del declive de una economía regional que llegó a ocupar 16.000 hectáreas en el norte santafesino, generando trabajo directo para más de 3.000 personas, en los años 70 y 80. 

Hoy sobreviven a duras penas en unas 2.500 hectáreas, unos 50 productores que no saben quién realizará la próxima zafra a partir del mes de julio. “Hemos retrtocedido un montón”, agregó, en referencia a esta triste realidad.