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Negocios

Ingeconser a la justicia

La desarrolladora de Ciudad Ribera entró en concurso preventivo

Por Redacción

Lo había solicitado la empresa en octubre y ahora lo dispuso la Justicia.

Ingeconser SA, desarrolladora de Ciudad Ribera en Puerto Norte y de Altamar Ciudad Natural en Villa Gesell entró en concurso preventivo de acreedores. Lo dictó el juzgado nacional de 1ª Instancia en lo Comercial luego de que la empresa lo solicitara en octubre. Pese a denunciar domicilio social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la empresa no desarrolló allí ninguna actividad empresaria o comercial propia de su giro social.

Casi todos los créditos denunciados por la concursada en su presentación, corresponden a acreedores con domicilio en la ciudad de Rosario, pero la apertura del concurso implica que todos los acreedores deberán tramitar la admisión de sus créditos en la ciudad de Buenos Aires -la empresa fijó domicilio en avenida Eduardo Madero 900, piso 16-, con el consecuente trastorno que conlleva la contratación de abogados en aquella ciudad, según publica este viernes un matutino de la ciudad.

Algunos de los dueños de los departamentos y de las cocheras que Ingenconser construyó en el complejo Ciudad Ribera, son cesionarios de un fideicomiso (Ciudad Ribera S.A.) a quienes les debe la escrituración.

Otros, como en el caso del edificio de oficinas corporativas, suscribieron boletos de compraventa directamente con Ingeconser, por lo que deben concurrir al concurso preventivo para que se les reconozca el derecho a obtener la escrituración.

En todos los casos, los adquirentes se verán seriamente perjudicados dado que todavía deben realizarse diversos trámites y cumplimentarse obras comprometidas a la Municipalidad de Rosario, para que esté en condiciones de otorgarse el final de obra, requisito imprescindible para poder escriturar las unidades.

Esos trámites y obras están a cargo del fiduciario, Ciudad Ribera S.A., pero para cumplirlos requiere de la disposición de fondos que deben ser aportados por Ingeconser S.A., que se encuentra imposibilitada de hacerlos por su situación concursal; razón por la cual, el quebranto seguramente deberá ser soportado por quienes a la hora de invertir confiaron en la aparente solvencia de una empresa que decía ser de capitales españoles y manifestaba operar en diversos países.

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