Hoteleros hacen lobby para que la provincia adhiera a Ley nacional

La Asociación hotelero gastronómica de Rosario (Ahegar) emitió un comunicado en el que pide a los legisladores santafesinos trabajar para que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Turismo vigente desde el año 2004. “Santa Fe tiene hoy una oportunidad, ya no de ser vanguardia dado que otras provincias dan pasos más rápidos en la materia, pero sí de no ser marginada de la posibilidad de dar un gran salto”, advierten.

A partir de la promulgación de la Ley Nacional de Turismo N°25.997, se legisla en el año 2004 el artículo 33: “El Estado proveerá al fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial”, comentaron.

Los empresarios que componen la cámara dan cuenta de que ya dos provincias como Río Negro y Mendoza están en vías de adhesión y llaman a que Santa Fe haga lo propio.

“Actualmente se debate en la Cámara de Diputados la Ley de Turismo de la Provincia, regulación que ordena los organismos existentes y da un marco de contención ante el desarrollo de una actividad que crece diariamente. Quienes componemos la actividad esperamos que a partir de allí se alcance la adhesión a la ley nacional de turismo, para que no sean solo promesas de campaña de diversos gobernadores, sino hechos de práctica efectiva y lograr entre todos que el turismo se convierta en una política de estado”, acentúan.

En Santa Fe la actividad genera 70.000 puestos de trabajo, y da impulso no solamente al sector hotelero, sino a toda actividad donde el turista adquiere contacto: transporte, gastronomía, comercios, agencias de viajes, lugares de esparcimiento como cines, teatros, entre otras. Sumado a esto, la generación de ingresos para las empresas y los habitantes, conlleva al pago de Impuestos, tasas y patentes: nacionales, estatales y municipales canceladas por las agencias y por los particulares dedicados directa o indirectamente a la actividad turística.