Reabren causa por evasión de $200 M contra los dueños de Grido

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la causa contra los dueños de Helacor SA, la firma de la cadena de heladerías Grido, acusados de asociación ilícita para evadir impuestos, según lo señaló el Centro de Información Judicial (CIJ).

El tribunal revocó la extinción de la acción por el delito de asociación ilícita tributaria, por lo que los Santiago –dueños de Grido- deberán continuar sometidos a proceso por haber conformado una presunta "asociación ilícita para evadir impuestos”.

Según publica el diario La Voz del Interior los jueces resolvieron declarar inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago contra la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Tiempo atrás, esa cámara había hecho lugar a un recurso fiscal y revocado la decisión del juez instructor al cual la Casación le había ordenado que investigara la supuesta "asociación ilícita".

EL CASO

La causa contra los Santiago fue abierta años atrás y, en su momento, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) secuestró documentación que probaría las maniobras de una posible "asociación ilícita" que habría permitido una evasión de más de 200 millones de pesos.

Los procedimientos a la fábrica de helados culminaron en mayo de 2012 con la detención de tres responsables de la firma. El fiscal federal N°1, Enrique Senestrari, efectuó los requerimientos de instrucción a fin de detener "a tres directivos de la firma". Finalmente, en septiembre de ese año, los empresarios Oscar Santiago y sus hijos Sebastián y Lucas fueron liberados en Córdoba tras pagar la fianza.

Senestrari dijo en ese momento que se trataba de un caso "complejo" con montos "sorprendentes". "Yo no recuerdo otro caso tan grande como este", señaló por esa época a radio Mitre Córdoba.

El fiscal había manifestado que se investigaba una presunta "organización ilícita con fines de evasión".

DIJO LA AFIP

El supuesto delito -según la Afip- habría consistido en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos.

Para la Afip, para llevar a cabo esta supuesta maniobra de evasión, habría sido necesaria la connivencia de los centenares de franquiciados que participaron alentados por el descuento del 10 por ciento que realizaba la empresa por las "compras W".

Esta operatoria permitió que esa mercadería "comprada en negro mediante el sistema W" sea luego vendida, también, marginalmente al consumidor final.

Esto representaba al parecer un menor costo impositivo y, en consecuencia, una mayor supuesta rentabilidad para los franquiciados quienes se habrían beneficiado económicamente al no pagar las obligaciones tributarias.