Cómo operaba la red que vendía a empresas facturas falsas

Ninguno de los detenidos en la causa que investiga una red delictiva dedicada a la falsificación de comprobantes de pago para luego vendérselas a empresas que evadían impuestos, respondió preguntas y seguirán presos hasta que se resuelva su situación procesal.

Se trata de Marcelo Fabián Liporaci, de 50 años, Miguel Jorge Centeno, empleado de 65 años, María Cristina Octaviano, contadora, Lelio Omar Serafin, gestor automotor de 62 y Ricardo Cayetano Astudillo, comerciante de 47.

Los comprobantes apócrifos eran ofrecidos a contribuyentes interesados en evadir impuestos a través de créditos fiscales o gastos ficticios. Así disminuían IVA o Ganancias.

Ahora bien, ¿cómo operaba la red delictiva? Según reveló el Carlos Vaudagna, titular de la Afip Rosario, en declaraciones a LT8, “se determinó en Buenos Aires que se creaban allá algunas empresas que eran adquiridas aquí en Rosario, se les asignaban nuevos directores y nuevos domicilios. Los miembros de estas sociedades eran personas insolventes que no tenían actividades comerciales. Al tiempo que empezamos a investigar y a entrevistar a estas personas empezamos a desatar la madeja y a ver que atrás de esto había una organización con el único objeto de vender facturas. Estas empresas habían sido creadas con el único objeto de crear créditos fiscales y gastos falsos. Jamás desarrollaron actividad, no tenían empleados, ni bienes de uso o instalaciones para desarrollar sus actividades”.

La organización tenía dos subgrupos; uno compuesto por Serafini, Liporaci y Centeno como organizadores, que hacían trámites bancarios y ante el fisco y emitían la facturación. Y un segundo compuesto por Astudillo, Octaviano y Zeballos; uno como coordinador de recursos materiales y humanos, la contadora con asesoramiento profesional y el último como gestor operativo.

Según informó el periodista de Radio 2 Hernán Funes, la Justicia enumera algunas "usinas", que son empresas "fantasma" creadas con el fin de prestar el servicio. Además de personas físicas, aparecen -entre otras- Bruson SA (construcción de edificios no residenciales), Zarren SA (servicios empresariales), Domach SA (transporte terrestre), Bio Sense SRL (venta de instrumental médico y odontológico), Intermedios y Publicidad SRL, Clementina SRL, Carguen SA, TW Logística y Agropecuaria Don José.

"Cada uno de estos sujetos tenía, a su vez, una red de personas que le realizaban pedidos de facturas a través de mails, whatsapp, por llamadas telefónicas. Esas personas estaban en la calle ofreciendo estos servicios ilegales. Hay empresas que para tributar menos impuestos tienen que reflejar en su contabilidad gastos y compras que no hicieron, para pagar menos IVA y Ganancias”, explicó el titular la Afip Rosario en declaraciones radiales.

En cuanto a las empresas involucradas, se trata de 6.500 en todo el país y más de 2.200 en Rosario y alrededores. Hay productores agropecuarios, empresas de servicios, de transporte, algunas industrias. Otra de las características de estas empresas es que se inscribían con una variedad de rubros y tenían anotados como 20 o 25 posibles actividades, desde venta de cubiertas, estaciones de servicio, publicidad, movimientos de suelo, cosechas. “Era casi imposible que una empresa pudiera tener todas esas actividades en forma conjunta”, describió Vaudagna.