Por Redacción
El nuevo esquema pone el foco en las exigencias documentales y la supervisión de los tratamientos.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) modificó el procedimiento para supervisar las fumigaciones oficiales de granos y otras mercaderías vinculadas al comercio internacional. A partir de los cambios, sus inspectores ya no tendrán la obligación expresa de verificar que las empresas fumigadoras cuenten con habilitaciones provinciales ni que sus directores técnicos estén autorizados por las respectivas jurisdicciones.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 955/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La disposición reemplaza el procedimiento vigente desde 2023 y actualiza las responsabilidades de los organismos de control, las compañías que realizan los tratamientos y quienes contratan el servicio.
Los cambios alcanzan a los denominados Tratamientos de Fumigación Oficial (TFO), que se utilizan para combatir plagas mediante productos fitosanitarios que actúan en estado gaseoso. Estos procedimientos se realizan, por ejemplo, cuando un país comprador exige que los granos destinados a la exportación reciban un tratamiento específico, aunque también pueden responder a exigencias de la normativa argentina.
Hasta ahora, los inspectores del Senasa debían comprobar, antes de autorizar una fumigación, que la empresa tuviera una habilitación provincial vigente, que su director técnico estuviera registrado o autorizado y que el establecimiento cumpliera con las condiciones de seguridad e infraestructura exigidas por la jurisdicción correspondiente.
Con la nueva resolución, esas verificaciones dejan de formar parte de las obligaciones expresas de los inspectores. Sin embargo, el organismo mantiene sus facultades para controlar la correcta aplicación de los productos fitosanitarios, las dosis utilizadas, los equipos de medición y determinadas condiciones del tratamiento.
Las empresas fumigadoras también tendrán nuevas obligaciones documentales. La normativa anterior les exigía presentar ante el inspector las constancias de habilitación provincial y las autorizaciones de su personal. Ahora, deberán informar la nómina de trabajadores que participarán del tratamiento, incluido el director técnico y los operadores, pero ya no se contempla expresamente la presentación de esos certificados.
También se modificaron los requisitos para quienes solicitan el servicio. Antes debían disponer de un sitio registrado y autorizado por la autoridad provincial. Con la nueva disposición, alcanza con contar con un lugar para realizar la fumigación, una empresa aplicadora y unidades de tratamiento aprobadas por esta última.
El alcance de la intervención del Senasa quedó delimitado en el artículo 24 de la resolución. Allí se establece que la supervisión, autorización o certificación del organismo se limita a las competencias fitosanitarias reguladas por la norma y se aclara que su intervención no implica verificar el cumplimiento de otras disposiciones nacionales, provinciales o municipales.
De todos modos, el cambio no exime a las empresas de cumplir con las habilitaciones y exigencias provinciales correspondientes. La responsabilidad de contar con las autorizaciones necesarias continúa vigente, aunque su verificación ya no forme parte de las obligaciones expresas de los inspectores del organismo nacional.
En materia de seguridad, las compañías deberán seguir controlando la hermeticidad de las instalaciones, contar con equipos para detectar posibles fugas de gases, utilizar instrumentos de medición calibrados y proporcionar elementos de protección al personal. También deberán respetar los procedimientos de ventilación de los espacios tratados.
La resolución mantiene además las restricciones para el uso de determinados fumigantes. Continúa prohibido fumigar granos durante su carga o transporte en camiones y vagones, de acuerdo con la Ley 27.262, con una excepción para determinados contenedores herméticos y precintados destinados a la exportación.
En cuanto al bromuro de metilo, su utilización seguirá restringida a tratamientos cuarentenarios exigidos expresamente por los países importadores y se mantiene la prohibición de aplicarlo en las bodegas de los buques. Los tratamientos en bodegas durante la navegación continúan autorizados bajo condiciones específicas, mediante el uso de fosfuro de aluminio o de magnesio.
El nuevo procedimiento entrará en vigencia el 18 de noviembre y será obligatorio en todo el territorio nacional. Las frutas y hortalizas quedaron excluidas de este régimen porque están alcanzadas por normativas específicas.
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