Los datos anticipan una fuerte suba de la pobreza en 2024

En diciembre, la Canasta Básica Total (CBT) registró un aumento del 27%, acumulando un incremento del 225% a lo largo de 2023. De esta manera, una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó contar con un ingreso mensual de casi $ 496 mil para evitar caer por debajo de la línea de pobreza, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La Canasta Básica Total (CBT), que establece el umbral de ingresos mínimos para considerar a una persona como pobre, experimentó un aumento por encima de la tasa de inflación de diciembre (25,5%). En este contexto, surge la pregunta: ¿Cuál podría ser el impacto en los niveles de pobreza?

Hay 3 indicadores que anticipan una fuerte suba de la pobreza en el primer semestre de 2024.

1. Los precios se ajustan más rápido que los salarios

El incremento en los niveles de pobreza se atribuye a la disminución del poder adquisitivo de las personas, resultado de la falta de paridad entre el aumento de los ingresos y el crecimiento de los precios de bienes y servicios.

Según el índice de salarios publicado por el Indec entre enero y octubre de 2023, se evidencia que los salarios privados registrados subieron un 117,7%, los salarios públicos un 118%, y los salarios privados informales un 84,6%. No obstante, durante el mismo periodo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en un 120%, superando el crecimiento salarial, especialmente en el sector informal de la economía.

Esto se debe a que el sector informal carece de acuerdos salariales regulares, a diferencia de su contraparte formal, donde se establecen incrementos salariales que siguen el ritmo de la inflación. Este impacto se agrava al considerar la fuerte segmentación en el mercado laboral argentino. El sector informal, que abarca a asalariados no registrados (27%), cuentapropistas (22%) y otros no asalariados (3%), constituye el 52% de la población ocupada. Más de la mitad de las personas empleadas actualmente experimentan una disminución en sus ingresos debido a la inflación.

2. Los planes sociales no alcanzan para bajar la pobreza

El asistencialismo implica el gasto realizado por el Estado Nacional para promover la inclusión social, laboral, cuidado de la niñez, acceso a la alimentación, vivienda, entre otros aspectos. En 2022, se asignó un 1,8% del PBI con el fin de disminuir la pobreza y fomentar el desarrollo de las personas. A pesar de estos esfuerzos, la pobreza persistió en aumento. ¿Cuál es la razón detrás de este fenómeno?

En primer lugar, es crucial comprender que la principal fuente de ingresos para los hogares es el trabajo. Aunque el asistencialismo puede aumentar en los hogares más pobres para evitar una mayor profundización de la pobreza, la inflación afecta directamente la fuente primaria de ingresos, que proviene del trabajo. La situación se vuelve más compleja si el aumento en el gasto asistencial
resulta en un mayor déficit fiscal financiado a través de emisión monetaria, generando así un ciclo vicioso en el que más gasto en asistencialismo conduce a más inflación, sin lograr mejorar la situación de los pobres.

Otro desafío significativo radica en la falta de organización en el gasto asistencial. Según el marco federal establecido por la Constitución Nacional, esta es una atribución provincial en lugar de nacional. Esta situación genera solapamientos de funciones, lo que resulta en mayores costos operativos, aumento de la burocracia, gastos de coordinación debido a la operación de diversos niveles de gobierno simultáneamente en un mismo tema y un mayor derroche de recursos.

Un aspecto crítico es la administración de los planes a través de intermediarios privados, como sucedía con los programas del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, gestionados por asociaciones piqueteras. Esta estructura fomenta la acumulación de poder y facilita el clientelismo y la corrupción, mientras que los beneficiarios no reciben la ayuda adecuada.

Es imperativo implementar un sistema de beneficios transparente, automático y sin la intervención de intermediarios.

3. Liberación de los precios

Otro elemento que impacta directamente en la inflación y, en consecuencia, en el bolsillo de la población, es la política de ajuste de precios implementada por el nuevo gobierno nacional en las últimas semanas. Desde el tipo de cambio, los combustibles, la medicina prepaga y los medicamentos, hasta las tarifas de servicios públicos como el gas y la luz, en diciembre de 2023, la inflación alcanzó un máximo histórico del 25,5%, con expectativas de que supere el 20% en los meses siguientes.

Para abordar esta situación, es esencial abordar dos problemas clave. En primer lugar, se debe controlar la inflación para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, frenando el aumento de los precios. Sin embargo, la estabilidad macroeconómica por sí sola no es suficiente; es crucial reducir la informalidad en el mercado laboral y promover la creación de empleos de calidad.

La estabilización de los precios será posible si el Estado enfrenta el persistente déficit fiscal que ha perdurado durante más de medio siglo. En este sentido, el Gobierno está centrando sus esfuerzos en políticas como privatizaciones, mejoras en los beneficios jubilatorios, reducción de ministerios y empleo público, así como la actualización de tarifas.

Aunque los primeros pasos son acertados, es imperativo complementarlos con cambios estructurales disruptivos que pongan fin a una larga historia de políticas públicas deficientes que nos han llevado a la crisis actual. Por este motivo, se hace necesario implementar una reforma tributaria fundamentada en el principio de correspondencia fiscal, donde aquellos que gasten también contribuyan al sistema recaudatorio. Además, es crucial establecer una reorganización funcional que elimine la superposición de funciones entre los niveles de gobierno, junto con los costos asociados a esta duplicidad.

En segundo lugar, resulta crucial abogar por una modernización laboral. La reciente "ley ómnibus"; tiene como objetivo fomentar la creación de empleos de calidad a través del "régimen de promoción del empleo registrado". Esta medida condona multas por irregularidades en la registración y exonera a las empresas de juicios laborales.

Además, se reducen los costos de indemnización, disminuyendo el componente salarial, y se amplía el período de prueba a 8 meses. Al reducir el costo por despido y brindar claridad sobre las obligaciones financieras, se crea un entorno que incentiva a los empresarios a optar por la contratación formal, al considerarla una inversión menos riesgosa.

Asimismo, la introducción de nuevas categorías legales como el 'trabajador independiente'; y la eximición de la 'presunción de existencia de una relación laboral'; proporcionan flexibilidad a las microempresas y pymes. Esto les permite operar al margen de los convenios colectivos, que a menudo imponen cargas sociales y salarios mínimos difíciles de cumplir.

La eliminación del mecanismo de 'ultraactividad', que anteriormente exigía la renovación automática del convenio colectivo del sector hasta que se acordara uno nuevo, abre espacio para negociaciones más equilibradas que pueden tener en cuenta las particularidades y necesidades específicas de las pymes.