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Negocios

Tras un default millonario

Inhibición y prohibición de salir del país para financista imputado por estafa

Patricio Dobal

El empresario entró en cesación de pagos en 2019, pero muchos de sus acreedores lo denunciaron penalmente. 

En una audiencia que se celebró en la mañana de este miércoles, finalmente el financista Daniel Casanovas fue imputado por administración fraudulenta y estafa. La decisión del juez Gustavo Pérez de Urrechu implica además la prohibición de la salida del país y el embargo del empresario cuyas compañías entraron en default en 2019.

El caso, que ahora tuvo derivaciones en el fuero penal, se destapó hace poco más de dos años cuando entró en cesación de pagos la compañía agropecuaria de Casanovas, Cereales del Sur SA. Pero las complicaciones no tardaron en repercutir en su agencia y otras firmas con las que hacía negocios por fuera de los mercados bursátiles.

La audiencia imputativa alcanzó también a la esposa de Casanovas, Samanta Verónica Bravo. Ambos ahora están formalmente ligados a los delitos de administración fraudulenta en concurso real, enajenación y/o retro de depósito gravado como propio en calidad de autores y estafa.

Las pruebas que expuso el fiscal Miguel Moreno que llevó adelante el caso derivaron además en la decisión del magistrado de trabar embargos sobre los inmuebles de Casanovas, la inhibición de fondos bancarios por unos u$s4 M y la prohibición de desprenderse de activos de las sociedades Cereales del Sur, Daniel Casanovas y Asociados, Compañía Argentina de Warrants, Fideicomiso Ganadero Norte y José Cano e Hijos.

Además, como medidas cautelares, al financista y su mujer el juez les prohibió salir del país, por lo que debieron entregar sus pasaportes argentinos y extranjeros. La fiscalía además accionó contra otros integrantes de las sociedades, cuyas audiencias imputativas fueron reprogramadas.

El origen de las complicaciones

Puntualmente el concurso de la agropecuaria Cereales del Sur SA fue la punta del iceberg del descalce de los negocios de Casanovas y permitió exponer un default de $450 M cuyo plan de pagos fue avalado por la justicia debido a que la firma agropecuaria derivó en una estructura dedicada a la comercialización de ganado -Fideicomiso Ganadero Norte- que permitió ir cumpliendo con los acreedores que no obstante sufrieron una importante quita sobre los valores verificados ante la justicia.

Lo cierto es que Casanovas también registró problemas para cumplir con los ahorristas que le confiaron montos para los negocios extrabursátiles que realizaba, asegurándose una renta que comenzó a incumplirse. Si bien sobrevino un acuerdo privado para estirar los plazos de pago, en el 2020 dicho convenio extrajudicial también hizo eclosión.

Desde entonces muchos de los acreedores empezaron a advertir que las razones de la cesación de pagos podrían no estar fundadas en los argumentos que hasta entonces esgrimía Casanovas, vinculados al descalabro financiero argentino de 2018 y comenzaron a accionar penalmente interponiendo denuncias por estafa ante el Ministerio Públicos de la Acusación (MPA).

De hecho, de la audiencia imputativa de este miércoles participaron varios abogados querellantes en representación de acreedores que insistieron en la necesidad de llevar a la cárcel al empresario por defraudación.
 

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