Escala en millones el escándalo Ríos Artacho: faltan investigar 100 cuentas

La jueza María Trinidad Chiabrera dictó 90 días de prisión preventiva para el exfiscal Mariano Ríos Artacho y otros tres imputados, y confirmó la medida cautelar sobre la cúpula de la presunta organización acusada de desviar por lo menos $425 M de cuentas judiciales. El exfuncionario de la Unidad de Delitos Económicos admitió las maniobras delictivas realizadas entre 2017 y 2024, y aseguró que padece de ludopatía para intentar justificar el uso de los fondos públicos en deudas de juego.

Ante los argumentos de la defensa, el fiscal Adrián Spelta aclaró que la ludopatía planteada por el acusado constituye "una estrategia procesal para desligarse a él y al resto de las personas de la asociación ilícita".

Asimismo, advirtió que la causa está en su etapa inicial, precisando que de un total de 148 cuentas bajo la lupa se analizaron las primeras 48 y que "todavía quedan 100 cuentas más para evaluar". 

Según detalló Spelta, muchos de los abogados y víctimas de las causas en las que intervino Ríos Artacho se comunicaron con él para pedirle información sobre el destino de los fondos. El fiscal señaló que el dinero defraudado no provenía de las arcas propias del Ministerio Público de la Acusación, sino de cuentas del Banco Municipal asignadas a legajos judiciales por fianzas, cauciones y secuestros.

La maniobra se ejecutaba mediante la falsificación de instrumentos públicos para transferir los depósitos a particulares sin vínculo con las causas, quienes luego canalizaban el efectivo hacia el principal investigado.

"Al primero que engañaron era al segundo fiscal que debía mirar la formalidad de eso; después es engañado el banco y después somos engañados todos nosotros", sentenció Spelta sobre la vulneración de los controles de firma conjunta.

La investigación sostiene que los fondos desviados terminaban en operaciones en casinos, compra de títulos, cambio de cheques y retiros en efectivo. En la estructura delictiva habrían participado al menos once colaboradores encargados de aportar CBU, reclutar prestanombres y realizar depósitos temporales para encubrir los faltantes.

Una investigación "exprés"

Por su parte, la Fiscal General María Cecilia Vranicich precisó en conferencia de prensa que la irregularidad fue detectada internamente hace menos de tres meses por la propia Unidad de Delitos Económicos. La investigación fue asignada de inmediato a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, conducida por Spelta, logrando formalizar la imputación en un plazo récord de dos meses. Vranicich enfatizó que la persecución de la corrupción de funcionarios públicos es una prioridad institucional que "lejos de debilitar al MPA, lo fortalece fuertemente".

Al referirse a la conducta del exintegrante del organismo, la jefa de los fiscales santafesinos manifestó sentirse "defraudada en lo institucional" por el grave daño provocado al sistema republicano y democrático. Finalmente, la funcionaria ratificó la postura de tolerancia cero impulsada desde su gestión iniciada en 2023, asegurando que no les tiembla la mano para investigar y sancionar el delito dentro de las propias filas judiciales.