El juicio de la explosión de Salta 2141 va a la Corte nacional

La Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe rechazó un recurso de queja por el juicio de la explosión de gas de Salta 2141, al tiempo que dejó firme el fallo precedente, que condenó al gasista que atendió la falla y absolvió por falta de mérito a una desena de acusados.

Como dato a tener en cuenta, uno de los supremos santafesinos votó en minoría en disidencia parcial, el de María Angélica Gastaldi, aunque se impuso la decisión mayoritaria impulsada por los jueces Roberto Falistocco (presidente de la Corte), Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Eduardo Spuler y Mario Netri. 

Aunque la opinión mayoritaria se impuso por cinco contra una, el pronunciamiento en disidencia resulta significativo, porque puede servir de sustento a una posición distinta de un tribunal superior, que en este caso será la Corte Suprema Nacional de Justicia. Gastaldi planteó que no evaluó adecuadamente las pruebas sobre los controles previos a que se produjera el desastre que en agosto de 2013 provocó 22 muertos.

Tras conocer la decisión del máximo tribunal provincial, la querella decidió elevar la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La familia Gianángelo es la única que peleó en la Justicia por llevar la causa por la vía penal y ahora se presentarán ante la Corte para tratar de revertir el fallo. Son los parientes de Débora Gianángelo, de 20 años, una de los fallecidos en el siniestro. 

Esta semana la Corte provincial rechazó el planteo de la familia y dejó firme la absolución de los otros 10 acusados. El único condenado fue el gasista Carlos García, sentenciado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de “estrago culposo”. El gasista había trabajado en las instalaciones que terminaron explotando. En cambio, los responsables de la empresa Litoral Gas y del consorcio quedaron libres de culpa y cargo.

Cabe recordar que en julio de 2019, el gasista matriculado Carlos García fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de estrago culposo agravado por las muertes a raíz de la explosión por fuga de gas ocurrida el 6 de agosto de 2013. En la causa resultaron absueltos el ayudante del gasista, Pablo Miño; los administradores del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli; otro gasista, José Luis Allala; y varios funcionarios de la empresa Litoral Gas: los reclamistas Luis Curaba, Guillermo Oller y Gerardo Bolaño; el jefe de mantenimiento de redes, Claudio Tonucci; la gerenta técnica, Viviana Leegstra. En 2020 el mismo fallo resultó avalado por tres jueces de cámara, Carlos Carbone, José Luis Mascali y Carina Luratti.